25 de agosto de 2008
25.08.2008
cumple condena en la cárcel de villena

El Comité de Derechos Humanos de la ONU estudiará una queja del abogado del narcotraficante gallego Laureano Oubiña contra el alejamiento de presos

25.08.2008 | 22:25

El Comité de Derechos Humanos de la ONU estudiará una queja del abogado español José Luis Mazón en representación del narcotraficante gallego actualmente en prisión Laureano Oubiña en contra del alejamiento de los presos practicado por Instituciones Penitenciarias, según informó el letrado, quien, en declaraciones a Europa Press, asumió que a través de este proceso "se podrían beneficiar muchos presos de ETA que se encuentran en la misma situación" que su cliente.

A través de una comunicación remitida a la institución internacional y fechada el pasado 15 de abril, Mazón alegó que la situación en la que se encuentra su representado -actualmente cumpliendo condena en la prisión de Villena- supone "una violación del derecho a la vida familiar" en el marco de lo que califica como "arbitrarios traslados de prisiones con alejamiento del lugar de residencia de su familia a lugares distantes de la geografía española".

Mazón indicó que este derecho "se niega desde Instituciones Penitenciarias a los más de 60.000 presos de España, ya que no pocos de ellos son objeto de traslados inopinados que impiden al preso tener visitas asiduas de sus familiares e hijos, lo que crea situaciones dramáticas especialmente cuando los familiares no tienen medios para hacer grandes desplazamientos".

El abogado asume que --aunque la comunicación se centra específicamente en la situación de su cliente-- "de manera indirecta", en caso de que el Comité de Derechos Humanos fallase a su favor, "se verían beneficiados muchos presos de ETA que se encuentran en la misma situación" y que reclaman un acercamiento a las cárceles del País Vasco.

ESTATUS DE PRESO FÍES.

En concreto, el abogado denuncia la situación de todos aquellos presos que se encuentran bajo el denominado estatus de PRESO FIES (acrónimo de 'Fichero de Internos de Especial Seguimiento). Critica que este estamento penitenciario carece de "base alguna en la Ley General Penitenciaria española" y añade que "restringe su derecho a vivir en la misma paz que los restantes presos y viola derechos del autor consagrados en el Pacto Universal de los Derechos Humanos como el derecho a la vida familiar, al secreto de las comunicaciones y al respeto de su dignidad y de la igualdad de trato".

"Los tribunales españoles y el Tribunal Constitucional rechazan que los traslados de prisiones afecten al derecho fundamental a la vida familiar de los presos", argumenta el escrito, que carga contra aquellos "de pensamiento burócrata que consideran que la burocracia carcelaria tiene el derecho de mandar al preso cuando le de la gana a prisiones que están a cientos de kilómetros, aunque arruinen la vida familiar del preso".

Ahora el comité de Derechos Humanos de la ONU responde al abogado a través de un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, firmado por el jefe del Servicio de los Tratados de Derechos Humanos, Ibrahim Salama, en el que informan de que la petición de Mazón ya "ha sido registrada" -con el número de referencia 1802/2008-- y "transmitida al Estado Parte --España-- solicitando del mismo informaciones y observaciones relacionadas con la cuestión de la admisibilidad y el fondo de la misma".

En 2003 Oubiña estaba preso en la cárcel de Alcalá Meco (Madrid) y sus hijas residían en la cercana ciudad de Guadalajara cuando "sin explicación alguna" fue enviado a la cárcel Zuera en Zaragoza. Más adelante fue trasladado a las prisiones de Aranjuez y Navalcarnero (ambas en Madrid) pero sólo durante el tiempo de celebración del juicio pendiente tras el cual fue nuevamente llevado a Zuera, Valladolid y Daroca (Aragón), explica el letrado.

Mazón califica la denominación 'FIES' como una "palabra terrorífica, que carece de todo asiento en la Ley General Penitenciaria y se creó por circulares internas de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias".

"En virtud de este estatus, el interno es expropiado de numerosos derechos, en la más pura arbitrariedad (cacheos, traslados de cárcel, cambios de celda, registros en las celdas a cualquier hora del día o la noche, intervención de las comunicaciones, control exhaustivo de todos los actos del interno)", insiste el letrado quien además lamenta que el Tribunal Constitucional español "ha canonizado este abuso dictando sentencias y autos en las que lo declara conforme a la Constitución".

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook