El policía expedientado acusa al Ayuntamiento de acoso y pide una indemnización de 30.800 E

Según ha podido saber este periódico, con fecha 10 de abril de 2006, a Juan Carlos Cremades se le abrió un expediente disciplinario por denunciar públicamente varios hechos «que consideraba impropios» del concejal de Seguridad, José Canicio, y del intendente-jefe de la Policía Local, Juan Carlos Escolano. En el escrito en cuestión, el agente policial afirma que «como consecuencia de dichas denuncias, existe una manifiesta enemistad hacia mi persona por parte del concejal y del intendente-jefe» y añadió que «desde que se instruyó el expediente disciplinario me encuentro en una situación de aislamiento por acoso laboral y persecución sindical». Cremades afirma que se le han retirado «la mesa y los ordenadores y paulatinamente se me han retirado las funciones como responsable de seguridad del Ayuntamiento». Según subraya «todo ello sin notificación oral o escrita por parte del alcalde», acusando al Ayuntamiento de verse «sometido a un estrecho e intenso acoso personal». En definitiva, Juan Carlos Cremades pide que se dicte resolución «por la existencia de usurpación de derechos», que se decrete el cese de la situación de acoso laboral, que se le restituya de sus funciones de policía adscrito a la Alcaldía y se acuerde abonar «por daños y perjuicios una indemnización que ascienda a la cantidad de 30.800 euros» por los once meses que dice haber estado acosado «que coincide con la instrucción del expediente disciplinario».

El escrito está dirigido al alcalde, Rafael Sáez, y a pesar del tiempo transcurrido desde su presentación, todavía no se ha resuelto nada.