Mari Bustamante nunca llegó a imaginar que después de una crisis económica como la que atravesó el país hace más de una década viviría después una pandemia mundial y lo que para su negocio es más grave: un bloqueo comercial en toda regla desde que se instaló el vallado que desde hace dos años protege las catas arqueológicas del Mercado Central. 17 años después de invertirlo todo en pleno centro, esta ilicitana echará en unos días la persiana de su horno artesano para siempre. Lo hará muy a su pesar pero para intentar salvar el bolsillo, ya que las cuentas no le salen y sus ingresos han bajado estrepitosamente desde que el Ayuntamiento instaló esta protección que dista mucho de ser estética y accesible.
De la docena de locales que hay alrededor del mercado y que dan acceso a la Plaça de la Fruita, más de la mitad han cerrado sus puertas en los últimos tiempos. Hace cinco años ya les pasó factura a comerciantes y hosteleros que se empezasen a marchar los placeros al Mercado Provisional y ahora algunos de ellos agonizan por unas vallas de chapa que les quitan toda la visibilidad y casi cualquier oportunidad de captar nueva clientela.
Así las cosas, la imagen que presenta el entorno del mercado es totalmente desértica. Pesan más las persianas con carteles para alquilarse que los locales abiertos. La reducción progresiva de los negocios está desembocando en una falta de movimiento comercial, que claramente repercute a los que todavía sobreviven. Mari Bustamente, del horno «Dulce y Salao'», asegura que su situación es insostenible para seguir trabajando ya que su facturación ha bajado un 80% en los últimos años, y achaca estas cifras a la situación del Mercado Central, que sigue sin solución, «porque los que pasan por la Corredora se llevan la impresión de que la zona está cortada y directamente no pasan, y yo no sólo vivo de los clientes de la zona si no de los que se desplazan».
Con el tiempo ha bajado la producción de productos artesanales y ha reducido el personal por la poca demanda. Asegura que hasta ahora ha podido aguantar porque el propietario le redujo el alquiler para aliviarla. Sin embargo, la crisis del covid-19 puso la guindilla al problema y admite que ya no puede más porque no le llega para cubrir gastos. Teme, además, que no pueda efectuar el traspaso porque no puede demostrar que el negocio sea viable y que se asegure la venta. «¿Quién va a querer coger un local que está en esta situación?», se pregunta con pesar. Sacando cálculos, esta ilicitana ha invertido unos 20.000 euros en un negocio al que dice adiós por causas ajenas a ella. Con 58 años espera que alguien la contrate pero si no encuentra nada apunta que intentará montarse otro negocio en el Camino de los Magros con ayuda de sus hijos donde entiende que tendrá más éxito porque «las calles son anchas y los coches pasan». José Manuel Cárceles, proveedor de locales del centro, reseña que ha notado una bajada entre un 60 y un 70% de pedidos en la zona que podría deberse a esta medida provisional que se colocó para proteger las catas, y que tanto vecinos y comerciantes temen que sea indefinida si no se le busca ya una solución. Entiende que este «obstáculo» perjudica al sector y asegura que hay distribuidores que han dejado de repartir allí por el difícil acceso. Propone más espacios y horarios de carga y descarga, y sobre todo retirar pronto este vallado, que apenas les deja un metro para poder trasladar las mercancías.
