24 de junio de 2020
24.06.2020
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Una nueva normalidad para tratar mejor a los mayores

24.06.2020 | 10:45
Una nueva normalidad para tratar mejor a los mayores

Ahora que España estrena la denominada "nueva normalidad", después de la pandemia, es el momento de hacer balance de todo lo acontecido y, sobre todo, de analizar los fallos detectados y de prepararnos para evitar que se puedan repetir.

Y ese análisis debe hacerlo toda la sociedad. Sería lamentable que, de lo contrario, dentro de un tiempo demostremos que no hemos aprendido nada y sólo quede en el recuerdo el número de víctimas habidas (si algún día llega a saberse) y, sobre todo, la polémica política padecida por tal motivo. Desgraciadamente el "ruido" montado para buscar culpables, y eludir responsabilidades propias, ha sido muy superior al de buscar soluciones. Se ha dado un ejemplo muy poco edificante en ése sentido.

Toda la sociedad española ha padecido esta pandemia, pero si ha habido un sector en donde se ha cebado más ese ha sido el de las personas mayores. De las 28.324 personas fallecidas, más de 20.000 superaban los 70 años de edad. Si el dato no es suficientemente dramático, añádase que el 71% de ellos eran residentes en geriátricos. Estos centros han sido una trampa mortal en muchos casos. Sólo en la Comunidad de Madrid ha muerto el 18% del total de residentes en ellos y suponen el 87% de los muertos. Este modelo de asistencia se ha demostrado muy necesitado de mejoras en un futuro inmediato.

Muchos de ellos padecen escasez de personal, especialmente en áreas asistenciales médicas o de gerontología, con excesiva precarización laboral, escasos sueldos y peores condiciones de trabajo. La privatización de los mismos, que prevalece en el sector, y su consideración como eslabones de un rentable negocio para sus propietarios (muchos son fondos de inversión, incluso extranjeros, o negocios ligados a los poderes establecidos en cada CC.AA.) han ido degradando sus condiciones de trabajo.

Ahora, cuando nos planteamos una necesaria reconstrucción a nivel de Estado, es muy urgente aplicar mejoras sustanciales en este sector. Y, en ése sentido, una aplicación más justa de la Ley de Dependencia no puede esperar. Si la realidad no era aceptable, la pandemia la ha expuesto con toda su crudeza y ahí están las víctimas para demostrarlo.
La Ley nació en España en 2006, mucho más tarde que en la mayoría de los países de nuestro entorno. Un dato de por sí ya preocupante. Y nunca se ha cumplido satisfactoriamente. Los compromisos de financiación pública suficiente han sido poco más que papel mojado. Ni el Estado ha asumido la parte que le tocaba (50%) ni las CC.AA. el suyo. Unos y otros se han pasado la pelota en este tiempo y el resultado ahí está. Y, para colmo, los presupuestos vigentes todavía son los de 2018 que hizo Rajoy. El nuevo Gobierno PSOE-Unidas Podemos aún no ha podido aprobar unos nuevos que mejorarán el enfoque social de la Administración.

Recientemente el Catedrático Vicenç Navarro, en su comparecencia en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica, del Congreso de los Diputados explicaba que el gasto público social en España, en 2018, fue del 27,4% del PIB mientras que la media de la U.E. fue del 31,5%. Eso supone que hemos invertido unos 50.000 millones de euros menos de la media que nos correspondría. Y hablamos de Sanidad, Educación, Dependencia, Protección Social, etc.

Una consecuencia de ello, según informa CC OO es la ralentización del sistema de atención a la dependencia. Está aumentando el número de personas pendientes de atención. El saldo de 2019 presenta 20.000 personas más en una lista de espera que ya acumula 266.000 personas y, lo que es peor, las casi 30.000 personas que morirán este año en situación de dependencia sin recibir las atenciones a las que tendrían derecho. El plazo medio de tramitación es de 426 días. Es inaceptable la burocracia y tardanza en resolver expedientes. Muchas personas fallecen antes de que se terminen.

Los colectivos de familiares afectados y sindicatos como CC OO plantean a los grupos políticos que, en el contexto de la reconstrucción que ahora se plantea, es necesario destinar más recursos a los más necesitados de forma urgente y hasta que hayan nuevos presupuestos.

Al igual que hacen muchos sectores económicos reclamando ayudas al Estado para superar la crisis, también un sector tan necesitado como el de los mayores o personas discapacitadas necesita que se le tenga en cuenta. Es de justicia para los que peor lo han pasado en esta crisis. Se pide aprobar un decreto para destinar 500 millones de euros adicionales a la dependencia de forma inmediata. Y derogar de una vez las medidas antisociales que aprobó el PP (recortes, copagos, etc).

La salida de esta crisis tiene que acabar con la situación tan difícil de sectores tan débiles y necesitados como son los de mayores y los dependientes. Ya les toca.

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