La crisis económica asociada a la crisis sanitaria a causa de la covid-19 traerá consigo una "oleada de desahucios" si las administraciones no toman cartas en el asunto. Esta es la advertencia que ha realizado esta mañana la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Elche con una simbólica protesta a las puertas de la Ciudad de la Justicia para denunciar que con la "vuelta a la normalidad" en la actividad judicial se retomarán las ejecuciones de desalojo pese a las medidas implantadas por el Gobierno, que suspendía durante seis meses los desahucios tras la entrada en vigor del estado de alarma. Una decena de integrantes del colectivo -están prohibidas las reuniones de más de 15 personas- ha exigido una mayor protección a los colectivos vulnerables y que se paralicen tanto los desalojos generados por impagos de hipotecas como los de alquileres, que son los casos con mayor actividad judicial en los últimos años en los juzgados, tras el boom de desalojos hipotecarios cuyo punto álgido tuvo lugar en 2012.
El problema, señala Paula Moya, de la PAH de Elche, es que "hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, no ha cobrado todavía los ERTE o que no se ha recuperado todavía de la crisis del año 2008, por lo que están en una situación límite y será peor en los próximos meses, cuando no puedan volver a trabajar". A los problemas económicos derivados de la crisis del covid-19 se suman los procedimientos que estaban pendientes de ejecutarse antes de la pandemia, y que durante el estado de alarma quedaron congelados, y que prevén que se reanuden en las próximas semanas. Solo la PAH de Elche estaba negociando más de una decena de casos de desalojos antes de saltar el estado de alarma.
Ahora el foco está en los alquileres, donde el trámite de desahucios en caso de impagos es mucho más rápido, al tratarse de conflictos entre particulares. En el caso de hipotecas, puede dejar de pagarse hasta tres meses hasta que el banco comienza a notificar, ofrecer soluciones, negociar, y solo si no hay acuerdo se llega al juzgado. En el caso de los alquileres todo el trámite es más rápido. Así lo explican también desde la PAH de Alicante. Su portavoz, Susana García, apunta que "con los desorbitados precios y la precaria situación económica en la que quedarán muchas familias tras la pandemia, será imposible hacer frente a ellos". García añade que "hay que tomar medidas, no solo por parte del Gobierno sino también desde las comunidades autónomas para paliar este efecto y, aunque sea con parches, ofrecer alternativas a la gente".
En este sentido, desde la PAH de Elche señalan que "deben incrementarse las ayudas al alquiler, en cuantía y celeridad, para que los afectados por la crisis puedan continuar en sus casas y no verse en la calle. No nos olvidemos que el virus sigue sirculando, pese a la reducción de casos, por lo que es más necesario que nunca proteger el derecho a una vivienda", apunta Moya. Susana, por su parte, añade que una vez pasado lo peor de la crisis sanitaria, está por venir lo peor en cuanto a la crisis social, de la que tan solo estamos viendo actualmente la punta del iceberg. "Se avecina una crisis igual o peor que la de 2008, y no puede ser que no hayamos aprendido nada de la de entonces. Esperemos, y el Gobierno debe garantizarlo, que la banca esté a la altura".
Otro de los problemas a los que se enfrentan los colectivos más vulnerables es que "los fondos buitre a los que han sido vendidas las viviendas de los bancos no van a renovar los alquileres sociales que pagaban los anteriores propietarios para poder seguir viviendo en sus casas, agravando su situación ya de por sí muy vulnerable" apuntan desde ambas plataformas.
Préstamos
Desde la PAH de Alicante, su portavoz, Susana García, señala que otro de los problemas que han reportado muchos usuarios es que pese a que el Gobierno aprobó una moratoria en el pago de la hipoteca durante meses, incluso años, para que los propietarios pudieran hacer frente a las cantidades de las cuotas hipotecarias, "los bancos no lo han hecho. Cuando el cliente pedía acogerse a estas medidas, para no tramitarlas y evitar el aluvión de peticiones y papeleo, ofrecían préstamos para hacer frente a las cuotas, por lo que había que devolver ese dinero igualmente y encima con mayores intereses que el de una hipoteca".
