El Ayuntamiento de Elche puede rescindir el contrato del nuevo Mercado Central con la concesionaria Aparcisa en base a la protección del patrimonio, teniendo en cuenta su afección a los refugios de la Guerra Civil y al Misteri, pero no debe descartar que tenga que hacer frente a una futura indemnización al contratista , si éste acude a los juzgados. Esta es la conclusión a la que llega el informe que el Ayuntamiento ilicitano encargó al despacho de abogados Cuatrecasas para poner en marcha el expediente de rescisión del contrato del polémico proyecto ilicitano, y que ha salido a la luz, después de permanecer casi un año guardado en la Alcaldía, al ser requerido por el Juzgado Contencioso Administrativo numero 1 de Elche, que está tramitando una denuncia del PP por falta de transparencia.
Concretamente el documento de 64 páginas, con fecha del 15 de julio de 2019, sostiene que la ejecución del contrato, tal y como se firmó el 5 de marzo de 2015, es «inconciliable» con la conservación del refugio de la Guerra Civil. El informe hace esta afirmación cuando se refiere al refugio 3B ubicado entre la plaza de las Flores y el río Vinalopó, e indica que la excavación del sótano del aparcamiento del Mercado Central sí que le afectaría de forma sustancial, «produciendo su total desaparición».
Los abogados autores del informe también recuerdan que la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano, indica que estas infraestructuras tendrán la consideración de Bienes de Relevancia Local y que con esa denominación deberán ser incluidos en los respectivos catálogos de bienes y espacios protegidos.
En cuanto al Misteri el despacho de abogados recuerda que está sobre la mesa el informe que emitió el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) sobre el proyecto. Este documento, que se recoge tal cual en el trabajo realizado por Cuatrecasas, dice que «el proyecto del mercado supone un cambio de uso en el espacio público de un ámbito protegido por la declaración de Patrimonio y la normativa desarrollada por la Generalitat para la protección del bien Misterio de Elche, ya que la construcción de un aparcamiento ocupa una posición de máxima proximidad con el bien objeto de declaración». En este sentido, desde Icomos concluyeron que «cualquier tipo de intervención en este entorno podría repercutir negativamente en el valor del bien».
El informe jurídico también sostiene que todavía está por conocer la valoración de la Generalitat Valenciana sobre los restos islámicos que se han encontrado en el entorno del mercado, que también podrían suponer un impedimento.
No obstante, solo teniendo en cuenta los refugios de la Guerra Civil y el Misteri, el Ayuntamiento, según el documento, podría enfrentarse a sanciones administrativas si se lleva a cabo el proyecto del nuevo Mercado Central, al producir «una lesión grave del interés público».
Finalmente, el informe advierte que no es descartable que haya que hacer frente a indemnizaciones, ya que indica que las mismas dependerán de decisiones judiciales, en el caso de que el asunto acabe en el juzgado. Los placeros también podrían exigir una indemnización, dice el informe, tanto al Ayuntamiento como a Aparcisa, si ésta deja de ser la arrendataria del mercado provisional.
El PP tacha el trabajo de «incongruente»
El popular Pablo Ruz muestra su preocupación por una posible «responsabilidad patrimonial» del consistorio
El informe sobre el contrato del nuevo Mercado Central de Elche generó ayer duras críticas del PP al equipo de gobierno formado por PSOE y Compromís. El portavoz del PP, Pablo Ruz, dijo que «es un informe político, parcial e incongruente que abre la puerta a responsabilidades e indemnizaciones», para insistir a continuación en que «el informe asegura que no es descartable que la resolución del contrato pudiera resultar en el ejercicio de acciones de responsabilidad patrimonial contra al Ayuntamiento».
Pablo Ruz dijo que «el informe replica los argumentos que PSOE y Compromís han estado alegando durante todos estos años, no existiendo novedad o argumento alguno que explique la negativa a hacerlo público».
El portavoz popular insistió en que «el despacho de abogados muestra su opinión sobre las cuestiones planteadas, sin asegurar que el Ayuntamiento de Elche pueda rescindir el contrato sin pagar indemnización alguna».
