La pandemia del coronavirus parece que remite de manera destacada, lo que supone una magnífica noticia. El número de fallecimientos y de nuevos contagios ha disminuido claramente. Todavía queda mucho, pero está claro que estamos en el buen camino.

Mientras la pandemia baja, crece la crispación política. Es una lástima. La imagen de creciente polarización de la sociedad española no es buena y, mucho menos, oportuna. Aprovechar la situación, no para derrotar al común enemigo que es el coronavirus, sino para derribar al Gobierno no parece lo más aconsejable en estos momentos. Ya se ha dicho que el Ejecutivo central ha cometido errores en este tema, al igual que todos los gobiernos de otros países y también los de nuestras CC.AA. que, por cierto, son las que tienen las competencias en Sanidad y en Servicios Sociales (Mayores) desde hace años. A todas les ha cogido en fuera de juego, en personal y en medios. Tiempo habrá para que todos, Gobierno central y CC.AA. tengan que rendir cuentas.

Y, si hay un ejemplo de mala gestión en este tema, y con consecuencias fatales, es el de las residencias de personas mayores. Es un tema de competencia exclusiva de las CC.AA. y, salvo contadísimas excepciones, la realidad de estos centros está siendo dramática. Durante años se han denunciado las condiciones de muchos de ellos en cuanto a plantillas ajustadas, precarización laboral, escasa capacidad sanitaria y asistencial, excesiva masificación en muchos casos, escaso control por la Administración y, sobre todo, una escandalosa privatización beneficiando descaradamente a algunos "fondos buitre" o a determinadas familias cercanas al poder, con los gobiernos del PP, especialmente en Madrid y Comunidad Valenciana.

Está claro que el coronavirus se ha cebado con las personas mayores. Casi el 85% de los fallecidos en España eran mayores de 70 años. Los ingresados en residencias han supuesto el 66% de ellos. De los más de 27.000 muertos, 18.000 estaban en ellas. Se han convertido en una trampa mortal para muchos. Y se les ha llegado a regatear la asistencia en hospitales y en tratamientos, por ser mayores. Actitudes miserables en muchos casos.

Mucho tiene que mejorar la asistencia a las personas mayores en España. La pandemia actual ha expuesto crudamente una realidad que muchos gobernantes no han querido ver. Pero estaba ahí y requería soluciones. Ahora es más urgente todavía el buscarlas. El propio Defensor del Pueblo, en el Informe entregado al Congreso el pasado 13 de mayo, plantea la gravedad del asunto y reconoce que la problemática es anterior a la pandemia, resaltando la falta de personal e inspecciones. Veremos que hace, ahora, el Gobierno y, especialmente, las CC.AA. responsables del tema.

La Federación de Pensionistas de CC.OO. del País Valencià, que viene trabajando en el tema desde hace tiempo, ha lanzado un debate para implicar a la sociedad en tema tan crucial: Hay que dar una respuesta adecuada a la cada vez mayor presencia de personas mayores en la sociedad. La Administración ha de prestarles más atención, no esconderlas en sitios inadecuados y olvidarse de ellas. Serán mayores, pero también son personas.

Con datos del CSIC de abril de 2019 del Informe Envejecimiento en Red, CC.OO. nos recuerda que, en España hay 5.417 Residencias, de las que 1.573 son públicas (29%) y 3.844 privadas (71%). En cuanto a plazas: De las 372.985 existentes, el 21% son públicas y el 79% privadas. Respecto al País Valenciano la situación es aún peor: Existen 328 residencias, 68 públicas (21%) y 260 privadas (79%). De las 26.810 plazas, más del 80% están privatizadas. De éstas hay que decir que el 34,7% son concertadas y el 65,3% privadas. Y, como dato preocupante, en los últimos diez años no se ha construido ninguna nueva residencia pública en esta Comunidad. Las mejoras de la actual Generalitat van a un ritmo excesivamente lento en este tema.

La propia Fiscalía General del Estado ha abierto 160 denuncias, de carácter penal, contra otras tantas residencias. Lástima no haber intervenido años atrás para inspeccionarlas correctamente. Esta semana se anunciaba que, también en Elx, el Síndic de Greuges investigaría la Residencia de Altabix por lo acontecido allí en esta crisis. Tampoco era la primera vez que se escuchaban quejas, pero€

El colectivo de personas mayores reclama soluciones, más atención y mejores prestaciones, ahora y para el futuro. Las Administraciones deben aportar un mejor modelo asistencial para todos y todas. Y es posible, sólo es cuestión de voluntad política.