Ver un restaurante o un bar en Elche colgar en plena pandemia un cartel de «se alquila», «se traspasa» o «se vende» no es noticia, pero sí, y mucha, que el mismo día aparezcan 200 y entre ellos algunos de los más conocidos -El Granaíno, Masía de Chencho o El Misteri d’Anna-. Así se despertó ayer la ciudad, con las redes sociales echando humo porque fueron los propietarios, en muchos casos, los que posaron ante la persiana echada de sus negocios y se los pasaron a sus clientes, que llevan 50 días sin saber de ellos: ni menús ni cuándo abrirán. Los ciudadanos desconocían que aquello era una campaña organizada para llamar la atención denominada «Se traspasa por decisión del Gobierno» que se ha realizado también en ciudades como Salamanca y que amenaza con extenderse a muchas otras. En definitiva, les anunciaban, como si fuera una premonición, cuál será su futuro porque muchos consideran que echarán el cierre si el Gobierno no da un giro de 180 grados en su plan de desescalada.
«¿Qué hay que hacer?, no lo sé, pero el plan del gobierno nos lleva a la ruina», explicaba un portavoz de la Asociación de Hosteleros de Elche. Lo que sí tienen claro es que necesitan «medidas concretas que estén consensuadas con el sector: Bajada de impuestos, ampliación de terrazas, ayudas para el alquiler y una tarifa plana para las cotizaciones sociales durante el periodo de recuperación», aseguran. Ayer se destacaba la unión de todos los restauradores, grandes y pequeños, muchos con historia frente a otros nuevos en un negocio cada vez más complicado. Daba lo mismo que fuesen bares, tabernas, restaurantes, pubs o cervecerías, todos a una porque se sienten igual de afectados. Así lo explicaba Francisco Mora, del restaurante Matola, «esta campaña que hemos puesto en marcha nace de la unión de todos los hosteleros, sin asociaciones, ni intermediarios» y recordaba: «En Elche existe un tejido empresarial que sustenta la economía de miles familias ilicitanas».
Y la campaña tuvo reacciones, la Asociación de Empresas Turísticas, AETE, aseguró en un comunicado que «la llamada desescalada de la hostelería es absolutamente inviable fundamentalmente porque los porcentajes de ocupación propuestos no permitirían mantener abiertos los establecimientos, puesto que no permitirían cubrir los costes de estructura. Tampoco será posible la recuperación de los servicios en los hoteles si se plantea que la puesta en marcha se debe hacer en fases en las que todavía no se permite la movilidad de personas entre provincias, lo que conllevaría una apertura sin clientes».
Tasas
El alcalde de Elche, Carlos González, reaccionó y lo hizo rápido porque aún se estaban colocando carteles cuando anunciaba tras la junta de gobierno que no se cobraría la tasa de ocupación de vía pública de mesas y sillas en 2020 así como la de mercadillos, para tratar de apoyar a la hostelería y al de venta sedentaria por la crisis del coronavirus. En total, se van a dejar de recaudar 900.000 euros. Además, anunció que los establecimientos de hostelería aumentarán el espacio que ocupan sus terrazas para compensar la pérdida de mesas y sillas que supone el hecho de que en un principio solo puedan abrir el 30% al inicio de la desescalada. Y añadió: «el Gobierno debe repensar las condiciones que ha planteado de vuelta a la normalidad de la hostelería y restauración para conciliar la protección de la salud, con el criterio de vuelta a la normalidad que posibilite el ejercicio de la actividad económica en condiciones mínimas de rentabilidad».
