El próximo 30 de marzo vence el plazo para liquidar el IVA y abril será el turno de las autoliquidaciones del primer trimestre de retenciones del IRPF e Impuesto de Sociedades. Desde el comienzo de la crisis, la Asociación de Empresas de Servicios de Elche y Comarca (AESEC) y otras organizaciones empresariales han pedido al Gobierno aprobar una moratoria en el pago de impuestos.

Desde el colectivo ilicitano han apuntado que "el Gobierno tiene encima de la mesa aprobar el aplazamiento de las declaraciones y autoliquidaciones que afectan a empresas y autónomos pero aún no lo ha llevado a cabo". Desde AESEC están defendiendo desde el principio de la crisis una moratoria en la presentación de las declaraciones de los principales impuestos, más allá de las medidas adoptadas para pymes y autónomos.

La Asociación de Empresas de Servicios de Elche y Comarca reclama diferir impuestos para paliar los déficits de liquidez de las empresas en Impuesto sobre Sociedades, IVA, al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otros Impuestos como el de Transmisiones Patrimoniales.

Gran parte de las gestiones tributarias se hacen vía telemática pero los asesores denuncian que la actual situación de confinamiento ralentiza la comunicación entre los despachos profesionales que tramitan las declaraciones y las empresas. Muchos contribuyentes necesitan desplazarse para proporcionar los datos a los asesores, acción totalmente contradictoria a las recomendaciones del Gobierno, segun explican desde el colectivo.

Este tipo de medida ya ha sido adoptada por varios países del entorno europeo dentro de los paquetes de urgencia aprobados. Alemania, Italia, Portugal o Grecia han optado ya por aplazar los plazos para presentar autoliquidaciones en IRPF e IVA para dotar de liquidez al tejido productivo.

Desde la Asociación de Empresas de Servicios recuerdan que "existen muchas empresas que aunque continúan en funcionamiento, lo están haciendo a un menor nivel, por la situación generada, y que, además, cuentan con fondos de maniobra muy limitados, sumado a la disminución en la facturación, por lo que también deberían recibir apoyos por parte del Gobierno".

De momento, la Agencia Tributaria no se ha manifestado oficialmente sobre si el período que dure el estado de alarma computará a efectos de plazos de duración máxima de procedimientos, de caducidad o de prescripción. De hecho, el Ministerio de Hacienda mantiene para el próximo día 1 de abril el inicio de la campaña de la Renta y Patrimonio de 2019 que finalizará el 30 de junio.