Alejandro Díaz, el exlíder de Joves Socialistes expulsado de la formación tras su detención el verano de 2017 por un presunto delito de distribución de material pedófilo, se enfrentó ayer al juicio por una acusación de abuso sexual por la que la Fiscalía le pide cinco años de prisión. El juicio se celebró a puerta cerrada en la Sección Séptima de la Audiencia en Elche, al tratarse de un supuesto caso de abuso sexual para preservar la intimidad de la menor, cercana a su núcleo familiar. El acusado negó los hechos y solo contestó a preguntas de la Fiscalía relacionadas únicamente con el abuso, rehusando cualquier cuestión que hiciera alusión a la causa principal, la red de distribución de pornografía infantil que dio origen a las investigaciones.
Tras la incautación de sus equipos informáticos, la Policía Nacional descubrió conversaciones con otros pedófilos en las que narraba en primera persona haber realizado esos abusos. A partir de ahí el Juzgado de Instrucción 5 abrió dos causas paralelas, la de esta niña y la de otro presunto abuso a un menor saharaui durante una visita en un periodo vacacional a Elche, que se archivó por falta de pruebas al no lograr contactar con ese menor.
Durante el juicio declaró también la madre de la niña. La fiscal asegura en su escrito de acusación que la mujer «manifestó estar enterada» de los hechos de los que se le acusa, aunque no ha presentado cargos contra Díaz. Los hechos que le imputa el Ministerio Público datan de entre mayo y junio de 2017, cuando realizó tocamientos y conductas sexuales sobre la menor, según el escrito de calificación del fiscal. Díaz habría aprovechado un momento en el que se quedó a solas, mientras supuestamente cuidaba de la menor, para realizar estos abusos. Durante la sesión de ayer declaró también un hombre, que entonces era su pareja, quien estuvo también implicado en un primer momento en la causa principal. Su testimonio no sirvió de mucho, ya que manifestó que no recordaba muchas de las cuestiones que le formuló el Ministerio Fiscal, por lo que no aportó luz al caso que se juzgada en la mañana de ayer.
La madre del exsocialista, con quien convivía el acusado en el momento de su detención, también prestó declaración, si bien no inculpó a su hijo, según señalaron fuentes cercanas al caso. La sesión también contó con el testimonio de los agentes de la Unidad de Delitos Tecnológicos que destapó el caso y con los peritos policiales de Madrid que volcaron todo el contenido del disco duro y los soportes de grabación incautados en la operación principal.
Otros 9 años
La causa principal, la que investiga el presunto caso de distribución de pornografía infantil, aún no tiene fecha para enjuiciarse, según manifestaron ayer fuentes próximas a la investigación. La Fiscalía pide para él otros nueve años de prisión. Se trata de la pena máxima por este tipo de delitos para Alejandro Díaz al aplicar tres agravantes por corta edad, trato vejatorio y violencia sexual.
El Ministerio Público describe en su escrito de acusación tanto cómo accedía, presuntamente, al contenido descargado, con imágenes de menores desde los cero a los 12 años, hasta cómo lo descargó, cómo lo compartió, con quién e incluso extractos de conversaciones con otros pedófilos en las que hablaban de todo tipo de prácticas especialmente degradantes con bebés y niños de corta edad. Díaz estuvo en prisión desde su detención el 8 de junio de 2017 hasta julio de ese año.
