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Y 3 millones de multa

Piden 13 años de cárcel a un empresario por no dar de alta a 50 personas

El Ministerio Público cifra la cuantía defraudada a la Seguridad Social en 1,5 millones en un periodo de cinco años, de 2010 a 2014

La Ciudad de la Justicia de Elche, que acogerá el juicio la próxima semana. antonio amorós

La Fiscalía ha pedido hasta 13 años de prisión para dos empresarios acusados de varios delitos contra la Seguridad Social al no pagar las cuotas de medio centenar de empleados durante cinco años, desde 2010 a 2014. Un «agujero» en las cuentas públicas de 1.554.909,32 euros, según el escrito de calificación, al que ha tenido acceso este diario. El principal acusado es el administrador de las dos empresas de calzado en las que habrían estado los trabajadores cuyas cuotas no se abonaron, dedicados al mismo objeto, que además tenían el mismo domicilio social y actuaban bajo la misma dirección. Pese a que la cuantía presuntamente defraudada se divide en cinco años, tan solo se consideraría delito las cuotas no abonadas durante los años 2011, 2012 y 2013, ya que en 2010 y 2014 no se llegó al mínimo que exige la ley para que se considere un delito. Así, las arcas de la Seguridad Social dejaron de ingresar 454.882,5 euros en 2011 y 626.866,37 euros en 2012. La cantidad de trabajadores no era fija, pero se calcula que había medio centenar fijo y que el esto variaba en función de las necesidades de producción.

El fiscal relata en su escrito que en esa actuación de «eludir intencionadamente el pago de las cuotas de la Seguridad Social de estas mercantiles eran asesoradas» por el otro acusado, que regentaba una empresa de asesoría fiscal.

El Ministerio Público imputa tres delitos contra la Seguridad Social al empresario dueño de las mercantiles dedicadas al calzado, uno por cada año defraudado. En el caso de 2011 y 2012 pide cuatro años de prisión por cada uno de los delitos, una pena que se eleva hasta los cinco años, tras un cambio legislativo en 2013. El acusado como cómplice se enfrenta a 36 meses de prisión. En el caso también están acusadas, como personas jurídicas, las dos empresas de calzado y la de asesoría fiscal.

En cuanto a las multas, la Fiscalía pide que se imponga una sanción que llega hasta los tres millones de euros en el caso del dueño de las empresas del calzado, una cuantía que asciende a los 600.000 euros en el caso del cómplice.

Suspendido

El caso, destapado por la Inspección de Trabajo, estaba previsto que se juzgara ayer en la Sección Séptima de la Audiencia, pero tuvo que suspenderse debido a la enfermedad que alegó uno de los abogados, por lo que comenzará, previsiblemente, dentro de unos días. Fuentes cercanas al caso señalaron que posiblemente la Fiscalía rebaje las acusaciones al aplicar el atenuante de dilaciones indebidas, pues han pasado seis años desde los hechos.

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