El Juzgado de l Contencioso Administrativo Número 1 de Elche ha dado la razón al Ayuntamiento y ha avalado que las concesiones de los puestos del Mercado Central están caducadas al tener una vigencia de 50 años y no de 99 años como defendieron los placeros que resistieron en el edificio de abastos.
Tras aquel polémico desalojo ordenado por el PSOE en septiembre de 2017 para continuar con las excavaciones arqueológicas necesarias para ejecutar el proyecto del nuevo edificio, una decena de vendedores llevó a los tribunales al Ayuntamiento para luchar por unos derechos que adquirieron sus familiares en 1961 y que consideraban que estaban vigentes.
Sin embargo, ha sido ahora cuando un juez ha desestimado el recurso contencioso administrativo del colectivo de vendedores y ha declarado ajustada a derecho la actuación administrativa del Consistorio ilicitano, tal y como recoge la sentencia dictada el pasado 16 de febrero. Todavía cabe recurso de apelación en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
No obstante, este fallo judicial puede cuestionar ahora la obligación que tiene el Ayuntamiento con la treintena de placeros que en 2015 firmaron un contrato privado con Aparcisa y se trasladaron a las instalaciones provisionales hasta la construcción del nuevo inmueble, que ha paralizado el equipo de gobierno.
De cualquier manera, lo que acaba de dictar el juzgado es que los placeros no tienen derecho a indemnización alguna por el cese de su actividad económica en el viejo inmueble. El Ayuntamiento alegó que el procedimiento administrativo que siguió para el desalojo fue el correcto, porque se dio trámite de audiencia y de alegaciones y no generó indefensión material alguna.
Carácter vitalicio
Sí que es cierto que el juez considera «controvertida» la adjudicación mediante subasta de los puestos del Mercado Central en el año 1961. El fallo reconoce que en dichos títulos se estableció el carácter vitalicio de la concesión, trasmitida por vía hereditaria a favor del cónyuge viudo y sus descendientes y ascendientes directos. No obstante, los títulos concesionales, tal y como dice la sentencia, «también recogían una cláusula en la que se estableció que ningún concesionario podía reclamar compensación ni resarcimiento de daños y perjuicios que pudiera sufrir porque se le fuera declarada extinguida la concesión». En concreto, hace referencia a la reforma, traslado o cambio en los mercados.
Sin embargo, el magistrado hace hincapié en que «los demandantes confunden claramente las concesiones contractuales con las demaniales». En el caso de lo ocurrido con el edificio de abastos, la sentencia indica que «al tratarse de un servicio de competencia municipal, se presta bajo gestión indirecta y que según el régimen jurídico aplicable, las concesiones del servicio público municipal han de tener un plazo de duración determinado que no podría exceder de los 50 años».
Asimismo, recalca el juez que resulta evidente que ha concurrido la condición resolutoria de las concesiones como consecuencia del traslado y el cambio general operado sobre el Mercado.
En otra de las circunstancias que se detiene es que los placeros demandantes «no recurrieron la aprobación del Plan de reforma interior para la construcción del nuevo edificio por parte de la Generalitat, ni tampoco la adjudicación del contrato de obra a favor de Aparcisa, a la que también demandaron por el desalojo».
Indica el magistrado que la actuación que realizó la Administración local desde los inicios es la que «permite considerar extinguidas las concesiones y la ausencia de derecho a indemnizaciones».
La retirada del vallado y la cubrición de los restos empiezan esta semana
El objetivo es devolver a la normalidad las plazas de las Flores y la Fruita hasta que se realice otro proyecto
Cuenta atrás para retirar el vallado que rodea el Mercado Central y para cubrir los restos arqueológicos en las plazas de las Flores y de la Fruita. El Ayuntamiento tiene previsto comenzar esta semana las obras para devolver a la normalidad el entorno del edificio de abastos hasta que se resuelva su futuro, una vez iniciado el proceso para rescindir el contrato. El lunes arrancaron los trabajos previos en el perímetro del inmueble para preparar la actuación que costará 50.000 euros y que luego será repercutida a la mercantil Aparcisa, tras negarse a asumir la obra porque consideraba que iba en contra del contrato.
La intervención consistirá en la colocación de un pavimento provisional y se volverá a instalar alumbrado en el interior de las catas, que se habían retirado por las excavaciones. Asimismo está previsto el desmontaje del segundo quiosco de venta de flores, tal y como se hizo con otro hace unas semanas, tras las reivindicaciones de los negocios y vecinos de la zona. El objetivo del equipo de gobierno es que antes de que finalice el primer trimestre del año esté despejado el entorno del Mercado Central, tras años de quejas ante la degradación que sufre esta zona del centro.
Mientras tanto, el equipo de gobierno sigue con los trámites para rescindir el contrato con la empresa que imposibilitará la construcción del aparcamiento subterráneo y del nuevo edificio que plantearon en 2015. El ejecutivo local asegura que todavía no hay novedades en el procedimiento que ha abierto para frenar la concesión pública. Tampoco hay plazos sobre cuándo presentarán el proyecto alternativo del Mercado que pretenden consensuar con comerciantes, vecinos y placeros.
Por su parte, Aparcisa sigue a la espera de que el ejecutivo local realice algún movimiento nuevo respecto al contrato.
