Parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elche y representantes de la Dirección General de Costas en la provincia de Alicante mantuvieron una reunión ayer con la intención de actuar coordinadamente a fin de conseguir, lo antes posible, el derribo del hotel de Arenales del Sol, ubicado en primera línea de playa y que presenta un estado ruinoso que desde hace años afea este enclave turístico. Su situación se ha agravado aún más ya que tras el paso reciente de la borrasca «Gloria», el vallado que da a la playa ha sido desmantelado por la fuerza del agua y el viento.
De momento, nadie en el Ayuntamiento de Elche se atreve a dar un plazo aproximado de cuándo podríamos asistir a su demolición. Ni siquiera el equipo de gobierno se atreve a arriesgarse a decir que se acometerá durante lo que queda de mandato.
El alcalde de Elche, Carlos González, ha reconocido que el caso de este hotel es el más difícil a nivel jurídico con el que se ha enfrentado el Consistorio en muchos años. «Estamos ante el asunto judicialmente más complejo con el que se ha encontrado este Ayuntamiento a lo largo de las últimas décadas», para recalcar que existe «una determinación política, toda la voluntad para lograr que ese hotel acabe siendo lo que ha dicho la Justicia que tiene que ser: derribado».
Sentencias
La reunión de ayer en Elche servía, según informó el propio edil, para poner en común la información jurídica y el trabajo que tienen que hacer las administraciones para desbloquear la situación de los restos del complejo hotelero. De «reunión interesante y fructífera» calificó el primer edil el encuentro.
«Hemos puesto en común la información, las recientes sentencias judiciales tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Supremo de Justicia de la Comunidad Valenciana. Ambas partes concluimos que son dos resoluciones judiciales que favorecen el objetivo de conseguir cuanto antes que se produzca el derribo del hotel, si bien somos conscientes de que hay que seguir impulsando el expediente de caducidad de la concesión y, por otra parte, tendremos que trenzar una estrategia jurídica para forzar a la empresa al derribo de la antigua y de la nueva estructura».
Carlos González indicaba también que desde la Concejalía de Urbanismo se ha dictado ya una resolución ordenando el vallado inmediato de la propiedad tras los desperfectos por el reciente temporal.
«Se les ha requerido el vallado inmediato y en el caso de que no lo lleven a cabo se acometerá subsidiariamente (pasando luego la factura a la propiedad) por el Ayuntamiento en el más breve plazo que permita la ley», manifestaba el alcalde acompañado por la edil de Urbanismo, Ana Arabid, quien dio a entender que esa actuación se llevará a cabo mucho antes de que llegue Semana Santa.
«Hay que trasladarle a Princesol la situación insostenible que representa tanto para la propiedad como para el dominio público el estado del hotel. Princesol tiene que ser plenamente consciente de que una vez se ha pronunciado el TS sobre la ilegalidad de las obras que estaba realizando, no tiene ningún sentido que mantenga una construcción que no puede continuar y que su estado actual entraña riesgos potenciales de los que es responsable la empresa titular. Por tanto, emplazo a Princesol a que tome decisiones que sean consecuentes con la situación jurídica que se ha producido como consecuencia, insisto, de dos sentencias que se produjeron en el mes de diciembre», remarcaba la primera autoridad local.
Por tanto, el alcalde ponía el foco en que la Administración pública, es decir Costas y el Ayuntamiento, en el caso de que la empresa «no asuma su responsabilidad», trazarán una estrategia jurídica y administrativa conducente a forzar a la empresa al derribo del hotel. «Pero insisto, la empresa, ante la imposibilidad de construir un hotel, debería ser consecuente con esa situación y provocar la normalización de la zona con la demolición del hotel de motu propio», dijo el primer edil al término de la reunión en el Ayuntamiento de Elche con Rosa de los Ríos, jefa del Servicio Provincial de Costas, quien prefirió no realizar declaraciones y se remitió a prensa del Ministerio para la Transición Ecológica, que tampoco ayer informó sobre cómo había transcurrido el encuentro. Asimismo, este medio tampoco pudo contactar ayer con la propiedad del hotel para recabar su parecer sobre esta cuestión.
El siguiente paso ahora será el de mantener una reunión con la Dirección General de Costas «al objeto de reforzar la idea de que tanto el derribo como la caducidad de la concesión tienen que ser una prioridad de la Administración central del Estado y de la Administración local. En esta reunión la prioridad absoluta es trabajar con Costas para avanzar hacia ese objetivo», subrayaba el alcalde.
«Lesivo»
González añadía ayer: «Somos perfectamente conscientes de que los ciudadanos demandan de su Administración pública la resolución de un episodio enormemente complejo, pero que es enormemente lesivo para la imagen de nuestras playas. Como alcalde estoy absolutamente determinado a trabajar con los medios de la Administración local y con el apoyo de la Administración central para conseguir más pronto que tarde que ese hotel siga el curso que ha determinado el TSJCV y el TS para que se derribe».
A su juicio, es un problema de voluntad de la empresa, además de, por otro lado, subrayar que ese «adefesio urbano» supone un riesgo para la imagen de Arenales y para las personas. Desde el Ayuntamiento se recuerda en este sentido que en su día, Princesol pidió, en concreto en marzo de 2017, una licencia de derribo apuntando que uno de los motivos para solicitarlo era la existencia de un potencial riesgo para la seguridad de las personas.
«Cada día que pasa ese riesgo se agrava, por los temporales y por el paso del tiempo. Insto a Princesol a que derribe esa estructura», declaraba por último el alcalde.
