La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Elche alertó ayer de la oleada de desahucios que se prevé en los próximos meses, a medida que vayan caducando los alquileres sociales concedidos por los bancos a familias desalojadas y sin recursos y que no renovarán al haber vendido su parque de viviendas a «fondos buitre». Estos fondos de inversión no se rigen por el código de buenas prácticas firmado por las entidades bancarias con el Gobierno para evitar precisamente estos desahucios, por lo que «estas empresas, que solo buscan beneficio económico, pedirán en los juzgados que echen a la calle a los inquilinos y no renovarán sus alquileres, sino que frenarán la posibilidad de que muchos afectados que negocian esta vía con el banco, puedan llevarla a cabo», explicaron ayer Ana Martínez y José Antonio Serrano, dos de los activistas de la plataforma que ayudan a los afectados día a día.
«El último en hacerlo ha sido el Sabadell. En una reunión reciente con ellos nos informaron de que se han deshecho de un 85% de las viviendas sobre las que pesaba un alquiler social. Esta entidad precisamente, al absorber todas las hipotecas de la CAM cuando se fusionaron, es una de las que más casos tiene en nuestra zona, por lo que cuando se cumplan los alquileres y el fondo al que se la han vendido reclame la ejecución del desalojo, no vamos a dar abasto», explican.
Cuantificar a cuántos usuarios afectará esta medida es difícil, pero desde la PAH señalan que solo los alquileres sociales negociados por ellos, al margen de los acuerdos que los particulares también hayan firmado con las entidades, supera el centenar. Actualmente, según señalaron otras fuentes de la plataforma, hay unos 10 desahucios en marcha.
El principal problema es que al tratarse de alquileres, el procedimiento judicial es más rápido, ya que, al contrario de lo que ocurre con las hipotecas bancarias, la casa no es propiedad del inquilino que la habita, y su dueño -en este caso los «fondos buitre» está más legitimado legalmente a pedir que se la devuelva. «Ahora prácticamente todos los desahucios son por alquileres, explican Ana y José Antonio. Es de lógica, en los peores años de la crisis ya nos quitaron las casas, por lo que ahora todos vivimos de alquiler y de aquí también nos echarán», lamentan.
El ejemplo más claro de esta situación es el de Juan Pedro Ortega. Hace casi seis meses que la plataforma consiguió frenar su desalojo pero el juzgado ya le ha notificado que el próximo 3 de febrero procederán a ejecutarlo. Ninguno de los escritos remitidos al Juzgado de Primera Instancia Número 4, que lleva su caso, ha obtenido respuesta.
En paro
En su caso, denuncia que a finales de 2017 el BBVA le llamó por teléfono para informarle de que si pagaba 2.300 euros de forma inmediata, se retiraba la denuncia y podía quedarse en su casa. Lleva varios años en paro, tras una depresión, pero con ayuda de sus hermanos reunió el dinero y lo abonó. Pese a que en el contrato firmado con la entidad esta se comprometía a desjudicializar su deuda, al considerarse saldada, no ha sido así. El banco vendió su hipoteca a un fondo, que ahora quiere echarle de su casa.
Vive en una modesta vivienda en un primer piso en el barrio de Carrús. Lo único que pide es «llegar a un acuerdo para quedarme aquí. No quiero una casa mejor ni peor, quiero seguir viviendo en mi casa». En su caso, contrató una hipoteca de 45.000 euros y, cuando llevaba pagado más de la mitad, se quedó sin trabajo. Hasta el momento era cocinero, en un restaurante en el Parque Empresarial. Una depresión no le permitió levantar cabeza entonces y, ahora, no encuentra un lugar donde retomar su carrera profesional.
Sus únicos ingresos son una ayuda de 450 euros al mes, al ser mayor de 55 años y llevar un mínimo de años trabajado. Un sueldo que no le llega para pagar un alquiler a precio de mercado, donde rondan precisamente los 450 euros de media. De ahí que reclame un alquiler social para, con ayuda de su familia, seguir teniendo un techo donde vivir.
