16 de enero de 2020
16.01.2020

La baja de una magistrada obliga a suspender juicios en la sección VII

Una de las tres salas se queda inoperativa a la espera de que se nombre un sustituto o se reincorpore la jueza

15.01.2020 | 23:16
La Ciudad de la Justicia de Elche.

La baja de una magistrada de la sección VII de la Audiencia, con sede en Elche, ha obligado a señalar varios juicios programados para esta semana y, según señalaron ayer fuentes judiciales, obligará a modificar el calendario durante buena parte de este mes, al no poder formar el tribunal, compuesto por tres magistrados. Todo y pese a que la Audiencia cuenta con 8 titulares y alguno más como refuerzo. Sin embargo, tres de estos se encuentran inmersos en la sentencia del Brugal, que investiga el supuesto amaño de las basuras de Orihuela, tras culminar el juicio el pasado mes de diciembre, y no pueden celebrar juicios.

Otros tres magistrados componen otra de las salas, que tiene programados juicios prácticamente a diario, por lo que ningún juez puede suplir esta plaza, señalaron fuentes de la sección VII. La única opción sería recurrir a alguno de los refuerzos para poder tener operativas las tres salas -dos señalando juicios y la otra estudiando el Brugal, pero en cada tribunal debe haber, al menos, dos jueces titulares, explicaron las mismas fuentes.

A la baja de esta magistrada se suma la del presidente de la Sección Séptima, José de Madaria, quien lleva semanas ausente por cuestiones médicas, aunque en este caso se ha nombrado a un sustituto. Fuentes judiciales señalaron que habrá que esperar a que se reincorpore la magistrada o se nombre a otro sustituto, para poder celebrar juicios con normalidad y no tener que señalar de nuevo las sesiones. En algunos casos, son causas que se arrastran durante años y posponerla no hace más que colapsar aún más el que ya es el organismo con mayor saturación de la Ciudad de la Justicia de Elche.

Ayer


Ayer mismo hubo que suspender un juicio por una presunta estafa contra tres acusados de entregar cerca de 10.000 euros en pagarés falsos a empresas a las que adquirieron productos destinados presuntamente a una actividad empresarial que no existía. La Fiscalía pide para uno más de cuatro años de prisión y penas que superan los dos años para otros dos. El caso data de 2009, hace ya 11 años y ayer tuvo que suspenderse. La vista se señalará en los próximos meses, dependiendo de las fechas libres.

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