Al propietario del bar pegado al edificio de El Progreso no se le olvida la fecha del 12 de enero de 2018 cuando paralizaron el derribo del inmueble centenario y lo apuntalaron. «Nos dejaron completamente arrinconados», lamenta. Ni a la mayoría de comercios de la zona. Todo sigue igual que hasta ahora. Dos años después del conflicto entre Ayuntamiento y conselleria por la protección de la antigua sala de venta de agua, el asunto sigue en manos del Tribunal Superior de Justicia. Mientras tanto, el equipo de gobierno trabaja con dos alternativas para buscar una solución al inmueble que entrarán en juego en función del fallo judicial.
Una de ellas es la posibilidad de preservar la fachada en su estado original y construir edificio que quieren los dueños detrás, alineado al resto de inmuebles, como marca el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Esta opción, según el alcalde, Carlos González, se puede ver en los cascos históricos de algunas ciudades y supondría dejar un pasillo detrás del frontal de la sala de venta de agua.
La otra propuesta consiste en desmontar la antigua fachada para volver a montarla igual, metros atrás, también en la línea de los edificios de la calle. Pero esta salida parece ya más improbable por el alto coste que supondría.
Mientras la resolución judicial llega, cuya fecha es una incógnita, el departamento de Urbanismo está estudiando la viabilidad técnica y económica de estas dos propuestas, que según el regidor socialista, no podrán plantearse hasta que no se pronuncie el juzgado.
En todo este tiempo, el equipo de gobierno es consciente del agravio que está suponiendo el estado de El Progreso para la zona, un edificio para el que concedieron todas las licencias a los propietarios para derribar el inmueble y construir uno nuevo alineado al resto de fachadas. «No nos gusta que el edificio lleve así dos años, pero se trata de un asunto judicializado y la resolución está condicionada a la sentencia del TSJ», reconoció el alcalde, Carlos González a este diario.
El bloqueo
Fue el año pasado cuando el Ayuntamiento acabó interponiendo un contencioso administrativo frente a la resolución autonómica con la que se pedía al Consistorio ilicitano la protección y conservación de la fachada. Después lo hicieron los propietarios para defender el derribo, quienes esperan con hastío un fallo judicial que estimaron que podría tardar cinco años.
Los dueños ya están resignados tras ver frustrados sus planes de dar utilidad a una parcela en pleno centro de la ciudad, que adquirieron en los años noventa a la comunidad Nuevo Riegos El Progreso y que desde entonces ha permanecido vacía y en estado de abandono.
El día a día
«Los obreros lo tenían todo preparado para tirar abajo el edificio y de repente todo se detuvo. Y así se ha quedado. Es ridículo, que decidan ya si lo tiran o no pero que haga algo», lamenta el dueño del bar contiguo a El Progreso. La incertidumbre y el enfado se extiende a comercios colindantes a la vieja fachada, desde donde trasladaron a este diario su malestar por la mala imagen que genera tener un edificio con vigas en mitad de la calle. Unos quieren que se derribe, otros que se mantenga, pero todos piden una solución inmediata.
«El centro ya está como está y desde hace dos años tenemos que lidiar con este armatoste, sumado al Mercado Central, y lo sufrimos los comercios», señaló la encargada de una tienda de calzado de la plaza de la Constitución. Como ella, son muchos los comerciantes que aseguran tener muchos inconvenientes para la carga y descarga de sus mercancías por la supresión de la zona que había habilitada antes de apuntalar el inmueble. El dueño del bar dice que «multan hasta el del butano» por estacionar en la parada de autobús. Otros lamentan tener que irse calle abajo para estacionar los camiones junto al Centro de Congresos. Este no es el único problema que critican. «Está todo embotellado, es un caos cuando hay tráfico en hora punta, las ambulancias no pueden pasar», advierte otra comerciante.
A todas estas quejas se suma el malestar de los vecinos de la plaza de la Constitución, que desde sus balcones son testigos de cómo se está deteriorando a marchas forzadas un edificio centenario a medio derribar que defensores del patrimonio ilicitano y expertos ven necesario conservar por su valor arquitectónico.
