En Elche se podrá edificar en un futuro a 50 metros de las carreteras convencionales y no a 100 metros como ha exigido hasta ahora. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha condenado al Ayuntamiento de Elche a adaptar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a la ley de carreteras de 2015 que flexibiliza los criterios de edificación y supone dejar menos superficie de servidumbre, lo que podría beneficiar a todo el municipio de Elche.
La sentencia, que no es firme y por lo tanto, el Consistorio ilicitano todavía puede recurrir ante el Tribunal Supremo, obliga de manera directa a la Administración local a modificar la línea de afección de la Ronda Sur, de 100 a 50 metros y a su vez a modificar el Plan Parcial E-37, donde hay suelo reservado para uso residencial y para uso comercial.
De hecho, en estos terrenos está proyectado el desarrollo de otra grande superficie que se había visto mermada por la exigencia de dejar 100 metros de servidumbre. Este sector se encuentra entre la Ronda Sur y la avenida Alcalde Ramón Pastor.
Esta condena, supone, según Iván Padilla, abogado ilicitano que presentó la demanda contra el Ayuntamiento, que en todo el término municipal pueda aplicarse esta modificación del Plan General de Ordenación Urbana que data de 1998 y que deberá adaptarse a la ley de Carreteras del año 2015. Desde el equipo de gobierno no se han pronunciado por ahora ante las repercusiones del fallo judicial.
El origen de esta condena se remonta a hace tres años cuando los propietarios de una nave que se encuentra en el sector E-37 pidió un permiso de obra y el Ayuntamiento le pidió renunciar al exceso de valor de su parcela, por estar afectada por la línea de servidumbre de 100 metros. Algo que, según el bufete de abogados Padilla, a la hora de una expropiación el terreno tendría menos valor para el propietario.
Los efectos
Así, tal y como ahora está planteado el Plan General en Elche, sin tener en cuenta la normativa autonómica de 2015, no sería posible modificar una construcción ni edificar a menos de 100 metros de una carretera multicarril y convencional. De hecho, el bufete de letrados apuntó a que el Hospital Vinalopó se vio afectado por las restricciones del PGOU cuando en 2010 se construyó y tuvo que retranquearse a 100 metros.
Uno de los argumentos que aportó el Ayuntamiento durante el proceso judicial es que existe en marcha una revisión del PGOU y que la petición del recurrente debe analizarse en dicho contexto, de forma conjunta con todas la situaciones de las rondas de Elche. Sin embargo, los afectados aseguran que llevan dos años con el compromiso por parte de la Administración local para adaptarse a la ley actual, sin que por ahora hayan visto resuelto el problema.
Ahora, con esta sentencia dictada por el TSJ el pasado mes de noviembre, confían, si el Ayuntamiento no recurre, en que pueda hacerse más fácil el desarrollo urbanístico en el término municipal ilicitano.
Una década a la espera de revisar el Plan General
El Plan General de Ordenación Urbana que marca cómo deben desarrollarse las infraestructuras y dotaciones públicas, el suelo para uso residencial, y los sectores industriales tanto en el campo, como en la ciudad, se redactó en 1998. Desde hace una década, los responsables municipales llevan prometiendo una revisión para adaptar el urbanismo al crecimiento que está experimentando Elche, pero no llega. Justifican el retraso de su tramitación en la complejidad burocrática.
El PSOE, que en el anterior mandato, se comprometió realizar la actualización del plan, anunció hace un mes que el próximo año realizará una consulta pública del «documento base» del nuevo PGOU. A partir de ahí, una vez recibidas las aportaciones de colectivos y particulares, comenzará entonces la redacción final, sin conocer cuándo podrá ver la luz. Mientras tanto, el Ayuntamiento seguirá como lo está haciendo hasta ahora modificaciones puntuales para permitir nuevos usos o cambiarlos en base a las peticiones y necesidades.
