Dos meses y medio después de que el colapso de la terraza de un edificio en Carrús provocara el desplome de una parte de la cubierta del inmueble, afectando a la estructura y obligando a desalojar los pisos en los que residían cinco familias, los propietarios continúan sin poder entrar en sus viviendas. Una de las afectadas, Sonia Miranda, vive de alquiler con sus hijos, menores de edad, desde que parte del edificio se viniera abajo en septiembre. Esta situación le cuesta 450 euros al mes, asegura. Desde Bienestar Social le prestan una ayuda de 300 euros para sufragar estos gastos, pero «ya nos han dicho desde el Ayuntamiento que esa ayuda se acaba y no podemos hacer nada».
El coste de rehabilitar el inmueble será elevado. El administrador de fincas del edificio, Matías Lorente, señaló a este diario que «hoy mismo hemos recibido el proyecto encargado a un conocido arquitecto ilicitano para poder rehabilitarlo». Así, a partir de ahora los vecinos tendrán que buscar una empresa que ejecute esos trabajos, y pedir varios presupuestos. «El importe dependerá de lo que cifren estas empresas, no hay una estimación todavía, pero por lo poco que nos ha dado tiempo a ver, será alto, ya que hay que reforzar la estructura, entre otras actuaciones», señaló Lorente.
El problema es que «si ni siquiera podemos asumir los 450 euros del alquiler, imagina el poder pagar esa reforma», lamenta esta vecina, quien señala que, por su situación económica «no nos dan un préstamo para hacer frente a esa cantidad». Por tanto, piden a la administración «que nos ayuden a hacer frente a esto, está en juego la vida ya no solo de nosotros sino de niños pequeños, que necesitan un lugar para vivir».
Negativa municipal
Desde el Ayuntamiento señalaron ayer que desde el primer momento se pusieron todos los medios al alcance del Consistorio para ayudar a las familias. De hecho, se asumió el coste de quitar escombros y los primeros informes para determinar si era seguro o no acceder al edificio. A partir de ahí «los vecinos son los que deben buscar una solución, pues el Ayuntamiento no puede rehabilitar un edificio privado», señalaron fuentes municipales.
El administrador de fincas señaló que se han mantenido numerosas reuniones con arquitectos y técnicos municipales para elaborar este proyecto de rehabilitación y buscar soluciones, «y es justo reconocer la buena predisposición y la ayuda recibida hasta el momento en todo lo que han podido contribuir, porque es cierto que es un problema que deben asumir los vecinos».
Otro de los inconvenientes a la hora de ejecutar en un futuro inmediato el proyecto es que «hay propietarios que no residen aquí, tenían sus pisos alquilados o eran propiedad de familiares, y no les interesa», añadió Lorente.
El caso recuerda al edificio que también se vino abajo en Carrús, en 2015, donde se desplomó el espacio del salón de todas las plantas, y que a día de hoy continúa apuntalado e inaccesible. En este caso la inacción del Ayuntamiento por no tomar decisiones subsidiariamente ha sido duramente criticada por la oposición.
