Desde el pasado mes de abril tenemos al actual Gobierno en «funciones» y hemos estado todo el año 2019 sin Presupuestos Generales propios ya que los que se presentaron, pactados entre PSOE y Podemos, fueron derrotados en el Congreso en una extraña alianza entre PP, Ciudadanos, Vox e independentistas catalanes. Ello provoca que aún tengamos los Presupuestos de 2018, ya que fueron prorrogados a 2019. O sea, a estas alturas, aún nos regimos por los que hizo el ministro Montoro, con Rajoy, y que aplica Montero, con Sánchez. Y así entraremos en 2020. Si no fuera por la gravedad de la situación, parecería casi de chiste.
Todo se podría haber solucionado tras las elecciones del pasado abril. Los números daban para conformar un gobierno progresista. El porqué no se hizo pasará a los anales del disparate político. Y, ahora, con mucha peor situación parlamentaria, se está intentando y ya veremos. En todo caso está claro que iniciaremos 2020 sin Presupuestos propios y el hecho de no tener Gobierno perjudica. Es un gobierno en funciones, pero casi sin funciones. Y ya veremos cuándo empieza uno nuevo a funcionar.
Estar en una situación así no es bueno para nadie. Afecta negativamente a toda la población y debería resolverse rápidamente por el bien de todos. Y sí se puede. El acuerdo al que, ahora sí, han llegado PSOE y Unidas Podemos desbloquearía la gobernabilidad y, con apoyos de otras fuerzas, permitiría afrontar los retos pendientes en una sociedad como la nuestra, tan necesitada de reformas que mejoren a la población en general y, en especial, a sus clases más necesitadas.
El colectivo de pensionistas, en España, abarca a casi 9.000.000 de personas. Es una cifra muy importante. Y de cómo esté su nivel adquisitivo depende mucho la economía del país, y no sólo eso. Gran parte de los pensionistas suponen una importante ayuda para sus familias (hijos, nietos, etc.) que, aunque parezca mentira en un mundo como el actual, muchas veces están aún peor por padecer desempleo, precariedad, bajos salarios, empobrecimiento o riesgo de exclusión social. Y eso que las pensiones en España no son para tirar cohetes: A fecha 1-11-2019, según el Ministerio, se pagaban 9.784.262 pensiones contributivas, con una pensión media de 995 euros/mes. En las de Jubilación, las más altas del sistema, eran 6.076.942 con una media de 1.142 euros, mientras que, por ejemplo, las de Viudedad eran 2.365.036 con una pensión media de 715 euros. Estas cifras empeoran sustancialmente cuando miramos las de la provincia de Alicante: Aquí la media, de las 320.832 existentes, está en 861 euros. La de Jubilación en 973 y la de Viudedad en 650 euros/mes.
Pues a todas estas personas les espera una subida del 0,25% en enero si no se forma Gobierno. Se prometió, hace unos meses, que sería del 0,90% que era la subida prevista del IPC. No es mucho, pero volver al 0,25%, que es lo que aprobó Rajoy, es un insulto. Supondrá 2,5 euros la subida al mes para la pensión media española. Con la subida prometida y que aplicaría el nuevo Gobierno serían 9 euros. Son, en todo caso, subidas de miseria para unas pensiones, en general, de miseria y que ponen, de nuevo, de actualidad, la necesidad de acometer una solución justa y sostenible al tema en España.
Este tipo de situaciones no puede volver a repetirse. Las pensiones no pueden estar pendientes de que haya o no gobierno, o de que gobierno uno u otro. Las pensiones deben tener blindado en la Constitución el derecho a una revalorización mínima del IPC y con especial atención a mejorar las más bajas del sistema.
Es cierto que la Seguridad Social no está en su mejor momento. Pero de ahí a que la culpa la tengan los pensionistas es inadmisible. El problema no está solo en el gasto, cómo se insinúa (basta ver las pensiones que se cobran), sino especialmente en los ingresos. Las políticas nefastas que se han aplicado en los últimos años en España están detrás de esta situación. La crisis económica que no sólo no han sabido solucionar, sino que han empeorado, haciendo que recaiga en los colectivos más débiles tiene mucho que ver. La economía sumergida y una «ingeniería fiscal» que provoca que muchas grandes empresas y, especialmente, multinacionales paguen muy pocos impuestos en este país hacen daño. Faltan otras políticas en este sentido y se deben desarrollar con un nuevo Gobierno. Mejorar el empleo y la recaudación es básico. Preservar un buen sistema de pensiones es bueno para nuestra sociedad actual y, especialmente, la futura.
Hagamos que sea posible.
