La Ley del Palmeral que lleva Elche esperando actualizar desde 1986 para blindar los huertos históricos de los intereses urbanísticos y garantizar la supervivencia del Patrimonio de la Humanidad lleva dos años encallada por la burocracia. Desde que el Ayuntamiento aprobó su borrador en 2017 la normativa lleva dando vueltas en las administraciones, superando trámite tras trámite, sin que el Consell haya dado todavía una fecha para su aprobación.
Actualmente está pendiente de elevarse el anteproyecto a acuerdo del Consell para que éste indique a la Conselleria de Cultura si se requiere informe del Consell Jurídic Consultiu (CJC) -es lo habitual-, tal y como señalaron desde el gobierno autonómico. Una vez el departamento de Vicent Marzà reciba el informe de este organismo, sus observaciones serán incorporadas al texto articulado. Después, volverá a remitirse al acuerdo del Consell para su aprobación como Proyecto de Ley y pasará al debate parlamentario en las Cortes Valencianas.
Es la hoja de ruta que maneja la Conselleria de Cultura sin que todavía haya podido dar plazos de lo que tardará en ser una realidad esta importante normativa. Desde PSOE y Compromís, cuando presentaron el borrador en el anterior mandato, aspiraron a que antes de las elecciones municipales las Cortes pudieran haber dado el visto bueno a la ley. Pero vieron sus anhelos frustrados.
Desde entonces ha sido necesario recorrer toda una carrera de obstáculos burocráticos. El anteproyecto de Ley de Protección y Promoción del Palmeral se tramitó durante 2018 y 2019 de acuerdo con la normativa que se aplica a los proyectos normativos del Consell, tal y como señalaron desde el departamento de Marzà. Esto es: iniciación por el conseller, consulta pública previa, consulta a otras consellerias, informe de la Abogacía de la Generalitat y trámite de audiencia ciudadana.
En todo este tiempo, han sido muchos los colectivos que han alzado la voz para reclamar una mayor celeridad en la aprobación del cambio en la legislación, ante lo desfasada que ha quedado una ley de hace más de 30 años que ya ni se ajusta a las necesidades y desafíos actuales de los huertos de palmeras.
Otros también han cuestionado el proceso participativo abierto por el Ayuntamiento y el Consell para elaborar el anteproyecto.
Los cambios
Una vez entre en vigor, hasta un informe de la Unesco será necesario para poder tramitar una licencia urbanística, ya sea de actuación, restauración o reconstrucción en el área protegida del Palmeral. El Consell se ha puesto más exigente a la hora de blindar el Patrimonio de la Humanidad, hasta el punto de que no será suficiente con lo que digan las Administraciones públicas o la junta gestora del Palmeral.
También habrá que recurrir al organismo internacional y contar con su visto bueno. Algo que recuerda en parte a lo que ha ocurrido con el Mercado Central y el colectivo asesor de la Unesco, (Icomos). El paisaje protegido por la Unesco, y también el del resto de la ciudad, quedará limitado a un uso agrícola, social y ambiental.
La nueva ley, tal y como está planteada para su aprobación, tampoco permitirá reconvertir viviendas que estén dentro de huertos protegidos en hoteles o restaurantes, ni al revés. Fuera del perímetro del Palmeral histórico, lo que sí permitirá la futura ley es el uso residencial, hostelero y de alojamientos turísticos, además de nuevas construcciones siempre que la ocupación de la edificación no supere el 2% de la parcela, con una altura máxima de dos plantas.
Asimismo, la futura ley deberá proteger el oficio de palmerero y la artesanía tradicional de la palma blanca, que junto con el Palmeral de Elche se convertirán en Bienes de Interés Cultural (BIC).
Otra de las novedades serán las multas: Hasta tres millones de euros es la sanción que deberá afrontar el Ayuntamiento o cualquier Administración pública en caso de conceder licencias o autorizaciones que no cuenten con los informes preceptivos. Lejos quedan los 90.000 euros que contemplaba como cantidad máxima la anterior ley, que data de 1986, por quebrantamientos de este tipo.
