El comité jurídico provincial del PP ya ha puesto en marcha la maquinaria para estudiar las acciones legales que emprenderá contra los responsables del equipo de gobierno que firmen la rescisión del contrato del Mercado Central, así como de los técnicos. El portavoz del principal partido de la oposición, Pablo Ruz, aseguró ayer que su formación está estudiando ya la fórmula para llevar a los tribunales al ejecutivo local una vez que rompa la concesión pública adjudicada en 2015 por los populares.

Así han respondido desde el Partido Popular a los planes anunciados para hoy por el alcalde, Carlos González, después de meses tratando de llegar a un acuerdo con la mercantil para poner punto y final al proyecto que considera inviable en base a los informes del Icomos sobre el impacto del parking en el Misteri y al refugio de la Guerra Civil hallado la pasada semana. La junta de gobierno tiene previsto esta mañana aprobar una moción con la que iniciar los trámites para resolver el contrato del edificio de abastos.El regidor socialista advirtió que no serían «acuerdos automáticos» y que sería un procedimiento complejo y largo. No obstante, desde el PP ya han amenazado con llevar el asunto a los tribunales contra los políticos que firmen la rescisión unilateral para que respondan con su patrimonio. Ruz lamentó que la rescisión anunciada por González llevará a los ilicitanos a un proceso judicial que «puede durar años» y que acarreará efectos negativos como una «indemnización de varios millones de euros (Sic) que tendrá que pagar el pueblo de Elche a la empresa adjudicataria».

Con ello, el PP hizo ayer un llamamiento a «respetar la legalidad y la seguridad jurídica» de todos. Los populares defienden a capa y espada que el proyecto es bueno para el centro y legal. Y, con ello, recriminan al primer edil que «no haya dado un argumento técnico, ni jurídico de peso para rescindir el contrato». Pablo Ruz también cargó contra la «falta de transparencia y oscurantismo» del alcalde en este asunto con la oposición.