La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, acogió ayer el juicio contra dos acusados de construir hasta tres viviendas en una parcela de su propiedad ubicada en la partida de Jubalcoy, en una zona no urbanizable, para después venderlas y obtener un enriquecimiento ilícito. Así lo considera al menos la Fiscalía, quien pide un año y medio de prisión para los implicados por un delito contra la ordenación del territorio.
Sin embargo, el caso se destapó cuando los compradores, que forman la acusación particular, interpusieron una denuncia por estafa, al entender que los propietarios -ahora acusados- no les informaron de que se trataba de viviendas ilegales y que, por tanto, había orden de demolición por parte del Ayuntamiento de Elche. Por ello, los denunciantes piden alrededor de cuatro años de cárcel, según señalaron ayer fuentes judiciales, por un delito de estafa agravada.
Los hechos datan de entre septiembre de 2003 y principios de 2004 cuando, según la calificación del fiscal «realizaron como promotores, en una parcela de su propiedad, la construcción de tres viviendas unifamiliares aisladas (...) sin la previa y preceptiva licencia urbanística de construcción y en suelo no urbanizable». Más tarde, y con el fin de venderlas, «en el momento de otorgar documento notarial de obra nueva, declararon en julio de 2004 ante el notario autorizante que la fecha de construcción de las referidas viviendas era anterior, en más de cuatro años, a la fecha de escritura, y se sirvieron a fin de eludir inconvenientes legales, de la presentación ante notario de un informe» redactado por un ingeniero técnico, aunque con una finalidad distinta a la que alegaron.
Los denunciantes sostienen que compraron las fincas desconociendo que sobre ellas pesaba una orden de demolición. Los acusados negaron ayer este extremo ante el tribunal en su declaración.
Contrato
La Fiscalía tampoco considera que hubiera estafa ya que en el contrato sí se hace referencia a un expediente de ilegalidad urbanística, y según explicaron fuentes del Ministerio Público, fue responsabilidad de los compradores no indagar más allá de en qué punto estaba dicho expediente.
El juicio continuará en los próximos días pues la Sección Séptima ha señalado dos sesiones más, uno para escuchar al resto de testigos, después de que ayer declararan cuatro personas, durante poco más de dos horas, y otro más para la declaración y puesta sobre la mesa de los informes técnicos, entre los que figuran los realizados por los funcionarios del Ayuntamiento de Elche que advirtieron de la presunta irregularidad de las obras realizadas por los acusados en la finca, al tratarse de terreno no urbanizable.
Fuentes judiciales señalaron ayer que aún quedan en los cajones numerosos casos de construcciones de obras sin licencia durante la etapa anterior a la crisis, que por su tipología delictiva y el Colapso de la Audiencia, tardan mucho en llegar a juicio.
Seis años sin que la Audiencia realizara los trámites judiciales
El caso que se juzgó ayer en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial data del año 2004. Un retraso en llegar a juicio de más de 15 años debido, principalmente, al atasco que sufre el tribunal. La denuncia se produjo tiempo después de que se produjeran los hechos. El juzgado de instrucción pertinente lo elevó a la sección VII, según criticaron ayer fuentes judiciales, pero no fue hasta el año pasado cuando se iniciaron los trámites para llevarlo a un juicio, que se inició ayer. Así, la condena, si se produce, será irrisoria, al tener que aplicar las dilaciones indebidas.
