Ofrecían viviendas a precio de ganga argumentando que procedían de embargos bancarios o impagos hipotecarios, pidiendo una cantidad de dinero por adelantado para, luego, desaparecer. Así al menos lo refleja el escrito de acusación de la Fiscalía, que pide de 30 a 46 meses de prisión para los cuatro investigados en este presunto caso de estafa. El juicio estaba previsto para ayer en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Elche, pero tuvo que posponerse durante siete días a causa de la indisposición de uno de los letrados.

Los hechos que se juzgarán llegarán ante el tribunal hasta 11 años después de que se produjeran, pues la Fiscalía relata en su escrito que estos datan de entre 2007 y 2008. Dos de los acusados eran quienes ofrecían estas viviendas supuestamente embargadas, mientras que los otros dos son los socios de una inmobiliaria ilicitana, que se los ofrecía a sus clientes. Los acusados, según la calificación fiscal, exigían a los compradores 6.000 euros por adelantado como muestra de la cantidad por el que se adjudicaría la subasta o se cancelaría la hipoteca. Sin embargo, «las viviendas que ofrecían a la venta pertenecían a sus titulares registrales y no a ninguna entidad financiera, ni tenían poder alguno los dos primeros acusados como mandatarios de ninguna entidad», además de que estas casas «no estaban ni grabadas con embargos ni en procedimientos de ejecución inmobiliaria.

Los acusados habrían consumado, según la Fiscalía, una veintena de estafas, y no solo en Elche, sino también en las localidades de Alicante y Sevilla. En Elche hubo seis afectados, en los que intervinieron los dos propietarios de la inmobiliaria. En el resto de casos, también intervinieron los otros dos acusados, por lo que la pena que pide la Fiscalía para los socios de la empresa ilicitana es menor, de 30 meses, durante los cuales estarían también inhabilitados para ejercer la profesión inmobiliaria.

Así, en Alicante otros nueve estafados, mientras que en Sevilla fueron otros dos. La Fiscalía también pide en su escrito que se devuelva el dinero presuntamente estafado a las víctimas, con el interés legal establecido desde que se produjeron los hechos hasta la fecha en la que se vaya a dictar finalmente la sentencia, siempre que los declare culpable.