El colectivo Acción Ciudadana, que representa a inmigrantes ecuatorianos en Elche, ha denunciado que el colapso del Registro Civil de Elche, que ha originado que se cierren las agendas para obtener cita previa en los trámites de nacionalidades, puede ocasionar la pérdida de la nacionalidad a cientos de personas. El último trámite para obtener la nacionalidad después de varios años de residencia en territorio español concluye con la jura de la Constitución española, que debe realizarse dentro de los primeros 180 días desde que el Ministerio del Interior concede la nacionalidad a los solicitantes. Sin ese trámite «hay que comenzar de nuevo con todo el proceso, se pierde ese derecho a obtener la nacionalidad española y en muchos casos obtener esa resolución favorable les ha costado años y el pago de hasta 300 euros en tasas», denuncia Marcos Xavier Martínez, presidente del colectivo ciudadano.
Fuentes del Registro Civil confirman este colapso del servicio y señalan a la falta de personal el hecho de que no se puedan obtener citas a través del sistema informático. Desde hace años todos los trámites del Registro Civil solo se atienden con cita previa, pero este diario pudo constatar ayer cómo resulta imposible obtener día y hora para realizar este trámite a través de la página web.
Desde la Conselleria de Justicia tiraron balones fuera, segurando que aunque la plataforma informática se gestiona desde Justicia, cada juzgado gestiona libremente su agenda y habilita o deshabilita las citas cuando lo considera oportuno. También desmintieron que se trate de un problema de personal, al menos por la parte que le toca a la Conselleria. Aunque reconocieron que por población y tamaño del partido judicial de Elche -que engloba las localidades de Santa Pola y Crevillent- el Registro Civil de Elche debería ser exclusivo, este es mixto, lo que significa que comparte jueza con el de Primera Instancia 3, lo que aumenta el colapso. Sin embargo, desde la Conselleria defienden que el organismo cuenta con cuatro gestores, 12 tramitadores, un auxilio y tres refuerzos, que es el personal que les han pedido desde el juzgado,
Partidos judiciales como el de Alicante sí disponen de un Registro Civil exclusivo propio y los tiempos de espera son inferiores, pero «el juramento de la Constitución ha de realizarse en el Registro Civil del partido judicial donde se resida», explican desde Acción Ciudadana, por lo que los usuarios no pueden acudir a otros organismos para realizar este trámite. Por tanto, los usuarios reclaman a la administración recursos para atender la gran demanda de nacionalidades y evitar así que pierdan el derecho a inscribirse tras años de papeleo.
Casi cinco meses de espera para matrimonios
Casi cinco meses de espera para matrimoniosLas citas para los expedientes matrimoniales van mucho más rápido en el Registro Civil ilicitano. Quien pida cita ahora para abrir el expediente puede acudir a finales de este mismo mes. Una vez abierto, puede elegir fecha a partir de principios de febrero de 2020. Unos tiempos razonables, señalan desde el organismo, que se han reducido mucho con respecto a los últimos años, cuando se llegaba a tardar más de un año para celebrar el matrimonio y registrarlo.
Sin fecha para la reapertura del juzgado de guardia tras cambiarlo de ubicación
Las obras se iniciaron en marzo e iban a durar dos meses, según anunció la Conselleria de Justicia
La Ciudad de la Justicia de Elche continúa sin un espacio habilitado para el Juzgado de Guardia casi siete meses después de que se inciaran las obras para su traslado. El objetivo era ubicar el Decanato y el servicio común de notificaciones en el espacio que albergaba el juzgado de guadia, dejar el espacio del Decanato para ampliar el juzgado de Primera Instancia 3, y llevar las guardias hasta el antiguo servicio común. Así, se evitaba el paseíllo de los detenidos por el juzgado, pues esta zona tiene un ascensor directo que da a los calabozos.
El decanato y el servicio común ya están en su nuevo emplazamiento, no así el juzgado de guardia. Así, desde mediados de marzo, las guardias se realizan desde el juzgado de Instrucción que asuma esa semana las funciones de guardia, lo que crea problemas de espacio para atender a usuarios, fiscales y abogados, y también para subir a los detenidos, que deben «pasearse» por los juzgados para cualquier trámite.
