La Sección Séptima de la Audiencia, con sede en Elche, ha condenado a un hombre de 56 años a un año y medio de prisión por almacenar más de 58.000 archivos que contenían «abusos sexuales a menores de edad, con todo tipo de relaciones sexuales», tal y como recoge el escrito de conformidad redactado por la Fiscalía y firmado por el acusado, que reconoció así los hechos que se le imputan. Pese a que se trata de una pena de menos de dos años de cárcel, el acusado entrará en prisión ya que la Fiscalía se ha opuesto a la suspensión de la condena debido a que tenía antecedentes por corrupción de menores, tal y como se recoge en el escrito. En concreto, fue condenado por corrupción de menores en septiembre de 2014 y en marzo de 2015, seis meses antes de que fuera detenido de nuevo, en septiembre.

Los hechos datan precisamente de hace cuatro años, momento en el que el hombre fue detenido en su domicilio, en Formentera del Segura, en el marco de una investigación policial del grupo de delitos tecnológicos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional. Los agentes constataron que el condenado utilizaba una aplicación informática que rastrea la red de archivos de intercambio entre usuarios para localizar a aquellos que se encuentran distribuyendo pornografía.

Durante el registro de su domicilio, el propio acusado fue quien informó a los agentes de que tenía un disco duro en el que almacenaba archivos de pornografía, un hecho que se ha tenido en cuenta como atenuantes de la pena, que se ha reducido con respecto a la que el fiscal solicitó cuando se le abrió juicio oral. En este dispositivo fue donde se encontraron 58.376 archivos con títulos relacionados con pornografía. Todos los que los agentes visionaron como muestra, tenía imágenes con menores, muy explícitas y de alto contenido sexual, con adultos manteniendo relaciones con niños. En el portátil del acusado y en otros dispositivos de memoria USB y discos duros también se localizaron miles de archivos con material de este tipo, tal y como recalca el Ministerio Fiscal. Ahí estaban instaladas las aplicaciones de intercambio de archivos que utilizaba para hacerse con todo el material incautado por los agentes.

Así, la condena llega cuatro años después de que se produjera el registro policial por el que acabó detenido, y ha sido posible gracias al plan de choque elaborado por la Fiscalía de Elche para reducir la acumulación de causas pendientes en la Audiencia, que fomenta las conformidades.