Elche impedirá a partir de 2020 instalar las terrazas pegadas a las fachadas de los edificios para acatar la sentencia del Tribunal Supremo que a comienzos de año pidió al Ayuntamiento dejar pasos peatonales libres. El Alto Tribunal prohibió las mesas y sillas adosadas a los inmuebles al considerarlas como un obstáculo para las personas invidentes y ahora el ejecutivo local va a iniciar el proceso para modificar la ordenanza municipal vigente desde 2013.
La edil de Urbanismo, Ana Arabid, anunció ayer que su departamento analizará caso por caso todas terrazas que tiene el término municipal (casi 300) para para «cumplir con la normativa de accesibilidad» que exigió el Supremo tras un recurso presentado por la Asociación de Afectados por el Ruido de Elche.
Eso supondrá dejar, como mínimo, un espacio de 1,80 metros entre la fachada y las terrazas, lo que obligará a tener que mover mesas y sillas de sitio, sobre todo de la zona centro, al ser donde más locales de restauración se concentran.
Como ejemplo, las calles Hospital, Obispo Tormo, Maestro Albéniz, San Pedro, Alvado y Eres de Santa Llúcia o las plazas de la Constitución o las Flores, serán zonas donde se ponga el foco, al darse varios casos de terrazas adosadas a los inmuebles.
No obstante, la edil de Urbanismo prefirió hablar de «reordenar» y de «redistribuir» las terrazas que puedan estar incumpliendo e incidió en que Elche hay casos de diferentes tipologías, que están en aceras, en calles peatonales, en plazas y parques públicos.
Consenso
De cualquier manera, aunque la sentencia entró en vigor en el pasado mes de febrero, el ejecutivo local no tiene previsto quitar de su sitio actual ninguna terraza hasta que no finalice la tramitación para modificar la ordenanza municipal. Una de las razones por las que todavía no ordenará ningún cambio es porque «hay licencias que se otorgaron con la normativa vigente y que no vencen hasta finales de año», señaló Arabid.
Para la nueva distribución, ha asegurado que buscará consenso con los hosteleros, así como con los colectivos ciudadanos que se puedan ver afectados por esta medida. Por ello, como primer paso, el Ayuntamiento va a iniciar una consulta pública que será hoy aprobada por la junta de gobierno local.
De este modo, el departamento de Urbanismo propondrá una nueva redacción para los artículos 63 y 65 que el Tribunal Supremo anuló para garantizar un itinerario peatonal accesible que discurrirá siempre de manera colindante a la línea de fachada.
La exposición pública tiene un plazo de 15 días hábiles, tal y como marca la ley. A partir de ahí, la previsión del ejecutivo local es que pueda aprobarse en el pleno municipal de los próximos meses de octubre o de noviembre. Después, el Ayuntamiento ilicitano deberá resolver las alegaciones que puedan presentar vecinos o colectivos, por lo que hasta finales de año o principios de 2020 no estiman que puedan entrar en vigor los cambios en la ordenanza municipal.
La sentencia no solo se dirige a las mesas y sillas, también apunta a maceteros, ceniceros y otros enseres de la hostelería, por lo que el ejecutivo local también deberá hacer frente a estos requerimientos del Supremo. Se trata de elementos muy socorridos por el sector servicios para dar visibilidad a sus negocios que se extienden por todos los barrios y pedanías.
Lucha constante de los afectados del ruido contra el Ayuntamiento
La obligación de cambiar de sitio las terrazas que hay pegadas a las fachadas tiene su origen en el recurso presentado por la Asociación de Afectados por el Ruido. El colectivo también motivó que el juzgado declarara parte del centro como Zona Acústicamente Saturada (ZAS), algo con lo que los hosteleros pusieron el grito en el cielo hace dos años al temer que supondría el cierre de sus negocios. Al final, el anterior equipo de gobierno recurrió el fallo judicial y reforzó la vigilancia policial para atajar el ruido en terrazas y pubs.
Tras hacer frente a este conflicto, a comienzos de año el área de Aperturas, también en manos del PSOE, tuvo que lidiar con otro entuerto, la sentencia del tribual Suprem, que entró en vigor el 1 de febrero. Entonces la Asociación de Afectados por el Ruido exigió cumplir con el fallo judicial, pero el equipo de gobierno pidió cautela y se negó a levantar ninguna terraza. Ha sido ahora cuando el ejecutivo local con el inicio del nuevo mandato ha anunciado que cumplirá con el fallo del Alto Tribunal.
