La primera sesión tras el parón vacacional del juicio del caso Brugal, que investiga un supuesto amaño en la contrata de basuras de Orihuela en 2008, con 34 acusados, sirvió ayer para marcar el calendario de las próximas sesiones y cerrar flecos pendientes en cuanto a la primera fase del enjuiciamiento, la testifical, antes de pasar a la documental. Actualmente, tan solo queda por declarar un testigo, el exsecretario del Ayuntamiento de Orihuela, José Ramón Martínez Franco. El problema es que está pendiente de someterse a una valoración forense para que los médicos dictaminen si está capacitado para sentarse ante el tribunal. Esa valoración, que deberá realizar los juzgados de Murcia, no llegará hasta el 17 de octubre. Para no retrasar el juicio hasta entonces, las partes acordaron ayer alterar el orden procesal y comenzar ya con la fase documental. El tribunal ya decidirá si, en caso del beneplácito de los forenses, cita a declarar el testigo a mitad de la fase documental o espera a que esta concluya.
En esta fase, las partes acordaron presentar los escrito los documentos del sumario que incorporarán como prueba y que se exhibirán en el juicio, con el fin de facilitar la labor del propio tribunal, de la acusación y las defensas. El Ministerio Fiscal pretende que se lean las declaraciones de los acusados durante la instrucción, tras la negativa a declarar en el juicio de la mayoría de ellos, con el fin de evidenciar contradicciones que considera que existen en esos relatos. También cobrará importancia en este punto la escucha de las conversaciones telefónicas que no fueron declaradas nulas por el tribunal.
Este punto fue ayer objeto de tensión entre las defensas y los magistrados, que pidieron una vez más acceder a los soportes físicos donde se encuentran esas escuchas telefónicas antes de su exhibición en la sala, para comprobar su validez, algo a lo que la presidenta del tribunal se negó rotundamente, de nuevo.
