Los juzgados civiles señalan, cada día, una media de cinco desahucios en Elche. Una cifra que puede parecer muy alta pero que supone la mitad de los registrados hasta hace poco más de un año, según señalaron ayer fuentes judiciales. La mayoría de ellos se deben a impagos de alquileres, y no de hipotecas, como ocurría en plena crisis. El encarecimiento de los arrendamientos es una de las causas de este cambio en la naturaleza de los desahucios, unido a las nuevas prácticas de entidades bancarias que han abierto el abanico de soluciones para los impagos en los últimos años, gracias también a las reformas legislativas. En la mayoría de casos, y ante el escaso margen legal, las familias abandonan la casa antes de que se tenga que ejecutar la orden judicial.
Precisamente una de las consecuencias de los aprietos económicos de los últimos años es que muchos han optado por el alquiler ante la imposibilidad de una vivienda. En estos casos, cuando llegan los problemas de impagos, los propietarios exigen de forma inmediata el desalojo, y aunque el proceso judicial se demora durante meses por el atasco de los juzgados civiles, la mayoría de señalamientos se ejecutan sin prórrogas, por lo que, a priori, según señalan fuentes judiciales, es mucho más fácil para los propietarios recuperar las viviendas que en los casos en los que el desahucio se produce por impago de hipotecas bancarias, también porque al tratarse de conflictos entre particulares los juzgados tienen menos manga ancha a la hora de posponer el desahucio y que el propietario deje de perder dinero por el impago de sus inquilinos.
De hecho, los desahucios por impago de hipotecas se arrastran, en muchos casos, de los años fuertes de la crisis, como el que consiguió paralizar ayer la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Elche en Carrús.
El de ayer era el segundo aviso que recibía Juan Pedro por parte de los juzgados para que abandonase su vivienda en la calle Manuel Ruiz Magro, en el barrio de Carrús. Una notificación de desahucio que recibió con perplejidad, señaló ayer el afectado, ya que en los últimos días «me había reunido con el banco y me habían pedido más documentación, porque me habían reconocido que tengo derecho a entrar en el fondo social de vivienda y por tanto derecho a un alquiler social, preferiblemente en mi casa o en cualquier otra vivienda», cuenta.
Sin embargo, el banco vendió su hipoteca a uno de los conocidos como «fondos buitre», explican desde la PAH, una práctica habitual en el sector para que los bancos ganen liquidez, y era ese fondo quien había ordenado el desahucio.
Tensión
Durante la mañana se vivieron momentos de tensión a las puertas del inmueble cuando, minutos antes de la hora a la que estaba programada la llegada de la comitiva judicial agentes de la Policía Nacional desalojaron a la treintena de personas de la PAH que se habían concentrado a las puertas de la vivienda para impedir el desahucio, con el fin de facilitar la entrada de la comitiva judicial y recuperar la vivienda.
No obstante, cuando llegó el funcionario encargado de ejecutar la orden, y tras explicarle el caso, anunció que paralizaba el desahucio de forma indefinida, hasta que el afectado negocie con el banco una solución o encuentre una alternativa habitacional en forma de alquiler social.
Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca señalaron ayer que el mayor problema que se están encontrando a la hora de negociar alternativas con los bancos es que estos ya no son los titulares de las deudas, sino que las han vendido a terceros que «no están sujetos a los códigos éticos de los bancos y les da igual que la gente pierda su casa, lo que quieren es recuperar la vivienda para seguir con el negocio», señó ayer uno de los miembros de la PAH que negocia con los bancos.
