Zanjar el proyecto del Mercado Central está entre las primeras prioridades de la agenda del PSOE en el arranque del curso político diez meses después de que el alcalde, Carlos González, por primera vez hiciera público que daría carpetazo al proyecto. Ayer, el primer edil anunció un nuevo encuentro con la concesionaria, Aparcisa, para la próxima semana pronunciándose en los mismos términos: «Nos reuniremos para buscar un acuerdo que permita la resolución del contrato».
Sin desvelar más detalles sobre cómo va a desbloquear el entuerto que lleva coleando, como mínimo, tres legislaturas, el regidor se apoyó en el respaldo mayoritario que recibió el PSOE en las urnas para finiquitar el proyecto adjudicado. «La empresa deberá tener en cuenta ese apoyo» a la hora de «alcanzar un acuerdo para rescindir el contrato», dijo el primer edil.
Sin embargo, el líder socialista se escudó en la necesidad de ser prudente, en «ir por etapas» y no detalló si lo que negociará con Aparcisa será la cuantía de la indemnización o si le pedirá que modifique el proyecto. Lo que también es una incógnita es el informe encargado por el anterior ejecutivo local -que él presidía- a una empresa externa de abogados para recibir asesoramiento sobre las consecuencias de romper el contrato o de mantenerlo. Pese a haberlo solicitado en marzo, el máximo responsable de la Corporación municipal dijo ayer que todavía no lo han recibido.
Resolver el culebrón del Mercado y otro que también afea el centro de Elche, como es el edificio de Nuevos Riegos El Progreso, son dos de los deberes pendientes que han marcado los socialistas en su agenda política. Sobre el inmueble de la plaza de la Constitución, que está en los juzgados por la diferencia de criterios entre Consell y el Ayuntamiento acerca de su derribo, González aseguró que abordará con la Conselleria de Cultura las fórmulas para agilizar el desbloqueo del inmueble, más allá de su resolución en los tribunales apuntando a que «las dos partes tenemos margen de maniobra».
Nuevos proyectos
No obstante, más allá de resolver estos problemas, el primer edil ha citado como primera prioridad el diseño de los presupuestos de 2020, para lo que el ejecutivo ha comenzado a trabajar ya. Primero, eso sí, tiene pendiente de aprobar las cuentas de este año, algo que el PSOE pretende materializar este mes, a través de una comisión de Hacienda en la primera quincena de septiembre y con un pleno extraordinario también este mes.
Otra de las cuestiones que los socialistas dijeron que quieren agilizar es la construcción del Palacio Provincial, financiado por la Diputación, para lo que el alcalde ha pedido una reunión con el presidente de la institución provincial Carlos Mazón. Asimismo, el regidor ilicitano reivindicará la llegada del AVE a Elche en una reunión la próxima semana en el Ministerio de Fomento.
Un plan de inversiones cuatrienal en las pedanías, la construcción del Campus Tecnológico y del tercer bloque de San Antón, así el inicio de obras en el colegio Els Garrofers y Jaume Balmes también están entre las prioridades a corto plazo del ejecutivo local .
En vilo por la posible suspensión de la licitación de las basuras
El jueves acaba el plazo para presentar ofertas y el proceso se paralizará desde ese día si no se resuelve un recurso
El arranque del curso político no solo va a estar marcado por las prioridades del ejecutivo local (PSOE y Compromís), sino también por la nueva contrata de basuras, otro desafío pendiente del mandato anterior, que se le viene encima a corto plazo.
El jueves finaliza el plazo de presentación de ofertas y de momento el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales no se ha pronunciado sobre el recurso que interpusieron diversas asociaciones para paralizar la licitación al estar disconformes con el pliego de condiciones elaborado por el Ayuntamiento. En julio el organismo público suspendió cautelarmente el procedimiento de contratación abierto y si no resuelve antes del jueves todo el proceso se paralizará, lo que hará difícil que a partir del próximo 1 de enero pueda renovarse el servicio.
El alcalde, Carlos González, dijo ayer «estar esperando como agua de mayo» la resolución, algo que consideró «fundamental desbloquear para seguir avanzando en la mejora de la calidad de vida de los ilicitanos».
Pese a no haber llegado resolución alguna al Consistorio ilicitano, al menos por ahora, el ejecutivo local confía en que el tribunal se pronuncie a lo largo de este mes. A partir de ahí, si es favorable al Ayuntamiento continuará el proceso contractual para adjudicar el servicio de más de 300 millones de euros (para diez años) a una empresa. Por el contrario, la adjudicación se paralizará, lo que obligará al Consistorio ilicitano a reformular el pliego, según los términos en los que se manifieste la resolución del tribunal.
Ecologistas, colectivos sociales y mercantiles reclamaron la división en lotes del servicio, denunciaron un supuesto incumplimiento de exigencias en materia de reciclaje y que se obviaran a pequeñas empresas.
