El 95% de las denuncias por despido que llegan a juicio en la provincia de Alicante acaban con una sentencia favorable, en todo o en parte, al trabajador. Así lo recogen los datos del informe anual del Consejo General del Poder Judicial relativo a la resolución de asuntos en materia de despidos durante el pasado año 2018. Los diferentes juzgados sociales de la provincia resolvieron un total de 3.899 denuncias de enero a diciembre. De ellas, 893 fueron completamente favorables al denunciante, mientras que en otros 337 casos los tribunales aceptaron una parte de las indemnizaciones y peticiones que reclamaban los trabajadores. Así, los jueces fallaron en contra de lo que demandaba el empleado tan solo en 215 ocasiones, por lo que la gran mayoría de demandantes que llega hasta el final con la denuncia acaba ganando.
No obstante, casi un tercio de los pleitos acaba resolviéndose por la vía de la conciliación; es decir, con un acuerdo entre las empresas y los trabajadores. Una opción que pone fin al conflicto judicial y evita los retrasos y gastos derivados de un juicio pero que, según advierten fuentes judiciales «suele acabar con una indemnización algo menor para los empleados. Las empresas tratan de evitar los juicios, porque saben que en la mayoría de casos tienen las de perder. Los trabajadores optan en estos casos por coger lo que se les ofrece por temor a perder en el juicio o para no enfrentarse a esa batalla judicial, que da mucho respeto. Pero en este caso, no vale aplicar el dicho de más vale pájaro en mano que ciento volando», añadieron las mismas fuentes.
La tardanza en celebrar los juicios es otro de los motivos que lleva a los empleados a aceptar un acuerdo de conciliación, satisfactorio para ambas partes. En los juzgados de Elche, por ejemplo, el amplio volumen de causas origina un retraso de un año y medio desde que se interpone la denuncia hasta que se celebra el juicio, un tiempo que desde los propios tribunales reconocen que es excesivo.
Causas
En cuanto a las causas más frecuentes de demanda, señalan fuentes judiciales, se encuentra la pretensión de abonar un finiquito inferior a lo que recogen los convenios, menos antigüedad de la real a la hora de aplicar la indemnización o el hecho de que en el contrato se recojan menos horas de las que se realizan y el trabajador, al ser despedido, las reclame. O también el hecho de «despedir a un trabajador y hacerlo pasar por precedente u objetivo, reduciendo también el importe que deben abonarle», señala un letrado especializado en este tipo de causas.
Otro dato llamativo que arrojan las estadísticas es que dos de cada diez demandantes acaban retirando la denuncia. «Aquí entra en juego los acuerdos extrajudiciales, el arrepentimiento de los trabajadores o el hartazgo», señala el letrado.
Las empresas abonaron una indemnización media de 10.500 euros
Las causas que llegaron a juicio recibieron una cuantía mayor que aquellas que se resolvieron por un acuerdo entre las partes
Los trabajadores que interpusieron una denuncia por despido y consiguieron una indemnización durante el pasado año recibieron una media de 10.500,2 euros. Una cantidad. no obstante, que fue mucho mayor en el caso de los que llegaron a juicio con respecto a los que optaron por un acuerdo de conciliación con la empresas. Así, la indemnización media de los que optaron por llevar el pleito hasta el final y acudir a juicio fue de 12.768,8 euros, mientras que los que llegaron a un acto de conciliación recibieron 7.845,2 euros. Esto es así debido a dos factores, según explican fuentes del juzgado de lo Social de Elche. Por un lado, los casos en los que se llega a una conciliación son los menos graves y, por ende, los que menor cuantía suponen para el trabajador. Por otro lado, el hecho de alcanzar una conciliación supone que ambas partes, empresa y empleado, ceden, por lo que la indemnización en muchos oasis se reduce, al alcanzar un punto medio entre lo que pide el despedido y lo que la empresa está dispuesta a ofrecer. De esta forma, se evita el juicio y se cobra mucho antes, pues no hay que esperar a su señalamiento, posterior sentencia y ejecución de la misma.
Los acuerdos por conciliación, eso sí, son ratificados por los jueces y juezas de lo Social, por lo que el texto goza de todos los derechos y garantías de una sentencia, por lo que ambas partes deben cumplir lo establecido en dicho acuerdo con la misma obligatoriedad que ha de cumplirse una sentencia dictada por el juzgado.
Los asuntos resueltos por conciliación. A nivel estatal, por regla general, se mantiene esta tendencia, por lo que los letrados recomiendan seguir adelante con el juicio «siempre y cuando se considere que el demandante tiene razón con su denuncia y tiene derecho a lo que reclama».
