La principal pieza del caso Brugal, que afecta a la adjudicación del Plan Zonal de la Vega Baja por parte de la Diputación y que tiene entre sus imputados al que fuera presidente de la institución, José Joaquín Ripoll, junto a otros políticos y empresarios, no tendrá fecha de juicio en la Audiencia de Elche antes de 2021. Hasta entonces ya están realizados todos los señalamientos (algún magistrado tiene hechos hasta los de 2023). En el orden de citaciones se tiene en cuenta cuáles son los denominados procedimientos prioritarios, fijados a criterio por la sala, que son los relativos a personas que se encuentran en prisión o relativos a delitos sexuales, que no es el caso del Brugal.
El sumario de supuesta corrupción más importante de la provincia -junto a la pieza sobre la adjudicación de las basuras en el Ayuntamiento de Orihuela, que sí se está juzgando- es solo uno más de los asuntos relativos a delitos con políticos implicados que están sin fecha en la sección VII por su sobrecarga de trabajo, según confirmó este diario, algo que conoce el Consejo General del Poder Judicial desde hace años a través de los informes estadísticos trimestrales que recibe.
Sospechar
Y el retraso en obtener una justicia rápida es algo que sufren principalmente los propios investigados del Brugal, lo que les supone vivir bajo la etiqueta de la sospecha, aunque muchos se siguen declarando inocentes, esperando una vista oral y después una sentencia de la que nadie puede saber cuál será su resultado. En cualquier caso todos están apartados de la política desde que saltó este espinoso asunto. Siendo acusados también son víctimas de esa lentitud y no han podido rehacer en algunos aspectos sus vidas.
Lo que está pasando en la Audiencia de Elche, con el atasco de procedimientos, es una situación que se veía venir desde hace años por todos los estamentos de la Justicia porque la Vega Baja, desde hace una década, ha tenido el dudoso honor de ser la comarca española con más asuntos de corrupción y muchos eran de gran complejidad. Cuando todos han llegado a la sección, después de años de estar algunos bajo secreto de sumario, ha sido imposible darles salida en un tiempo prudencial. Además, se da otra circunstancia añadida y compleja y es que, como muchos se desgajaron del mismo procedimiento -el caso Brugal-, los propios magistrados que tendrán que enjuiciarlos se podrán encontrar con que están contaminados; es decir, podrán resolver de uno pero no de dos porque muchas veces los hechos estan relacionado en el contexto en el que las grabaciones que dieron origen a uno y a otro son las mismas.
Diez jueces
La Generalitat anunció hace unos meses que la sección VII, que tiene el dudoso honor de ser la más grande de España con diez magistrados, siete de ellos como titulares, se iba a desgajar en dos. De hecho ha ido creciendo en número de jueces por este atasco que nadie ha sabido frenar mientras sigue dando número de resolución de asuntos por encima de los módulos de trabajo que marca el Consejo General.
Pero esa separación que se anuncia, en la séptima y la undécima sección, según explican fuentes judiciales, no va a mejorar la actual dinámica de señalamientos. ¿Por qué? Porque ahora, con diez, se puede desdoblar hasta en tres, cada una con una terna de magistrados para celebrar juicios y ver recursos, pero cuando se divida en dos no ganará nada porque, en el mejor de los casos, seguirán trabajando igual que ahora porque tendrán el mismo número de magistrados (a no ser que sigan creándose más plazas o se nombren de refuerzo), con el agravante de que estos ya no podrán saltar de una terna a otra como sí hacen ahora. En lo único que mejorarán será en el número de funcionarios (no de secretarios porque ahora ya hay dos trabajando), aunque la mayoría son interinos.
Queda por saber cómo será el reparto de asuntos pendientes cuando se desgajen con la nueva creación. En cualquier caso y siguiendo las instrucciones de la Inspección, en el libro de 2021 ya se están señalando fechas a abogados, acusados, víctimas, testigos, policías, guardias civiles, forenses como si no se fueran a dividir y designando magistrados de sala y ponentes que, cuando se separen las secciones, es posible que se marchen a la nueva por lo que toda la citación no valdría.
Fuentes judiciales coincidieron en que este retraso en la pieza más importante por sus implicaciones políticas del Brugal sí dará una cosa beneficiosa -si se puede denominar así- a los acusados, como será el hecho de que podrán solicitar una atenuante muy cualificada de dilaciones indebida que podría ser de hasta dos grados.
Catorce procesados por el Plan Zonal de la Vega Baja
Ocho años de instrucción y tres desde que llegó a la sección VII es el tiempo que cumplen los acusados esperando la vista
Tres años largos han transcurrido desde que la jueza de adscripción territorial que tuvo que nombrar el TSJ para acabar el Brugal (tras 8 años de instrucción) diera a conocer que 14 personas se tenían que sentar en el banquillo, por el denominado Plan Zonal, la pieza que se refiere a la adjudicación a la UTE Cespa-Ortiz del Plan Zonal de la Vega Baja de forma supuestamente amañada. Entre ellas, el expresidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll o la alcaldesa de Orihuela y también diputada, Mónica Lorente, junto a varios técnicos y empresarios. Entre estos últimos figuran Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. La instructora consideraba que existían indicios de prevaricación, cohecho, fraude a la Administración, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociación prohibida. La Diputación, dirigida por José Joaquín Ripoll, adjudicó el plan zonal de gestión de residuos de la Vega Baja a la unión temporal de empresas formada por Ortiz y Cespa. Según el auto, de las diligencias practicadas está «indiciariamente acreditada» la existencia de una trama organizada que contaron con la ayuda y la colaboración directa de cargos políticos y técnicos vinculados al Consorcio de la Diputación para obtener favores de esta institución y de los ayuntamientos mediante la entrega de dádivas a funcionarios y autoridades con competencia o influencia en contrataciones para beneficiar a la citada UTE.
