En 1988, los embalses artificiales que conforman el humedal de El Hondo, situado entre los términos de Crevillent y Elche, eran declarados Parque Natural por la Conselleria de Medio Ambiente. Esta declaración llevaba aparejado un Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del enclave, que definía tantos las restricciones, «muchísimas» según afirman propietarios de terrenos ahora protegidos, como las actividades permitidas, pero reguladas, como la caza y la pesca.
El PRUG, 31 años después, no contenta a casi nadie. Ecologistas y propietarios de los históricos cotos de caza rechazan de algún modo el texto inicial. Los primeros por los presuntos incumplimientos. Los segundos, por todas las restricciones que conlleva.
Los conservacionistas, principalmente la asociación Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA), llevan años denunciando que el PRUG se incumple en el apartado de la caza. Según el presidente de este colectivo, Sergio Arroyo, «en la temporada de caza de 2017-2018 la Conselleria de Medio Ambiente autorizó a matar 16.057 aves, pese a que según el PRUG el número de éstas, en función de los censos de invernantes, debería haber sido de 3.431 individuos», es decir, más de cuatro veces más de las permitidas. Los cazadores interpretan la situación de otro modo. Además, AHSA denuncia que la propia información que aporta la Conselleria refleja que autoriza a cada uno de los cotos de caza a matar el número total de aves que establece para todo el parque, «lo que es una barbaridad».
El representante de los seis cotos de caza que hay en el parque (unas 500 hectáreas de superficie), José Pérez, asegura que «en años buenos», como pudo ser la temporada descrita, «se abaten un máximo de 3.500 aves», mientras que en la última campaña, «que fue muy mala, no se abatieron ni un 30% con respecto a otros años».
La clave
La claveEl quid de la cuestión parece estar en el censo de aves que sirve para establecer los cupos de caza. Ecologistas y cazadores coinciden en una cosa: «los censos son irreales».
Por unos u otros intereses y/o por la dificultad que representa contar exactamente el número de aves en un territorio de más de 2.387 hectáreas, los conservacionistas denuncian que «el número de aves autorizadas a ser cazadas se establece sin fundamento alguno». Una evidencia en la que Arroyo se basa: «en el caso de la agachadiza común, especie de la que se autoriza matar a 500 ejemplares, en todo el sur de la provincia en los cinco años previos solamente se detectaron 47 individuos».
Los cazadores también ponen el grito en el cielo. «Hemos presenciado cómo se elaboraba un censo de ágabe rabudo y se contaban los de una balsa, llegando a ver 25 aves, mientras en un terreno colindante a El Hondo, en esos momentos, había a centenares», asegura José Pérez.
En conclusión, «nadie se fía de los censos», dice el portavoz de los cazadores, quienes llegaron a un acuerdo con la Conselleria. «Acordamos, para establecer un cupo más real y exacto, que nosotros comunicaríamos las piezas que realmente abatíamos para comprobar la realidad al cabo de unos años y hacer un cálculo más aproximado del censo real de especies cinegéticas».
Conservacionistas y cazadores parten de dos acuerdos, por tanto. El PRUG está desfasado y los censos no son correctos. Pero sus pretensiones son distintas. En algunos casos, totalmente opuestas. Sergio Arroyo asegura que «cuando acaba la temporada de caza -del 12 de octubre al segundo domingo de febrero-, los cotos se secan y abandonan, en plena época de nidificación de las aves, por lo que la actividad cinegética no ofrece ningún tipo de retorno en beneficio del medio ambiente». José Pérez afirma, por su parte, que «la única actividad que queda en El Hondo para mantener el ecosistema es la caza» y en menor medida la pesca, aunque esta se realiza ya de forma residual. «Si la caza desaparece, con ella desaparecería también el ecosistema», plantea Pérez, mientras Arroyo entiende que «con la caza existe un gran oscurantismo por parte de la Conselleria y es una barbaridad» que se permita de esta manera «una actividad que realmente no es tan relevante y sólo afecta a seis propietarios».
Los cazadores insisten en que cuando el nivel freático desciende (primavera y verano), «algunas de las balsas se mantienen llenas para la pesca, pero también es cierto que los propietarios no tenemos ningún tipo de incentivo para mantener los niveles. Y eso cuesta mucho dinero. Lo ideal sería tener las balsas siempre con agua, pero al tener que elevarla, sale carísimo y, desde que El Hondo se declaró como Parque Natural, no tenemos ni un céntimo de ayudas para ello», expone Pérez, quien no duda en acudir «a los artículos 33 y 45.2 de la Constitución, que establecen que cuando se imponen limitaciones a una propiedad privada aludiendo al bien público se ofrecerá a cambio una indemnización».
Otra de las cuestiones que los ecologistas denuncian es la falta de control de las piezas que se cazan. Arroyo afirma que «según el PRUG se supone que a diario se deberían realizar inspecciones por parte de los agentes ambientales de la Conselleria». Tanto sobre las capturas, para controlar que se declaran las que realmente se cazan, como sobre el uso de la munición autorizada (perdigones de acero y no de plomo). «Pero en la última temporada de caza la Conselleria reconoce que no ha realizado ni una sola inspección, con lo cual es como si les diera permiso a los cazadores para que hagan lo que quieran, sin controlar si quiera si son tiroteadas especies protegidas», sentencia Arroyo.
Sin inspecciones
Sin inspeccionesLos cazadores reconocen que este año no ha existido ese control, pero sí el del Seprona «y nuestra propia responsabilidad, que es muy grande. Nadie se juega su patrimonio. Nos enfrentamos a multas muy cuantiosas», recuerda el portavoz de los cazadores.
La actividad cinegética «está cayendo en picado y va camino de su desaparación», apunta Pérez. De hecho, «llevamos doce años reclamando que se modifique el PRUG para poder darle un valor añadido a nuestras fincas». En ellas no se puede «ni construir, ni fumigar, ni cultivar, único concepto por el que sí recibimos una indemnización».
El portavoz de los cotos de caza asegura que la Conselleria tiene sobre la mesa propuestas para desarrollar actividades diferentes, «desde hospedaje en cabañas de madera a poder ofrecer la gastronomía típica de la zona, desde las verduras de temporada a las anguilas o el mújol. Es que, por no poder, no podemos ni ofrecer paseos a caballo». Estas actividades, principalmente relacionadas con el turismo, «aportan valor a nuestras fincas, pero aquí todo está prohibido y esto no favorece en nada el desarrollo rural de nuestros parques naturales, todo lo contrario».
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La Conselleria de Medio Ambiente aseguró a este periódico que está «pendiente de recibir datos concretos de caza del servicio territorial de Alicante» sobre la última temporada y, por lo referente al PRUG, «la Junta Rectora del Parque Natural acordó su revisión la pasada legislatura, que ha llegado a un documento de consenso que se remitió a la Conselleria y que está en la Dirección General del Medio Natural y Evaluación Ambiental para su revisión».
