Barrio del Raval. Tercero sin ascensor. Te sobreviene una enfermedad. Te deja impedido para subir y bajar escaleras. Necesitas una silla de ruedas para tu movilidad. Edificio antiguo y con muy poco espacio común donde instalarlo. La mayor parte de los vecinos se opone al gasto. Y un juzgado, en primera instancia, les da la razón. ¿Qué haces? «Pues me he tenido que ir de ocupa a casa de mi suegra, porque he estado durante seis meses viviendo en mi piso como si fuera mi propia cárcel, sin poder bajar a la calle», expone el ilicitano Daniel Agulló. Así de cruda y dura es la realidad de este hombre de 42 años que ha tenido que trasladar su hogar a Santa Pola, «fuera de mi círculo de amigos y de mi entorno, donde hacía mi vida habitual».
Hace cuatro años, una lesión medular a causa de una hernia le dejó paralizada la pierna izquierda. Entonces vivía en la misma casa, pero «aún podía defenderme y bajar a la calle, con ayuda, una o dos veces por semana». La enfermedad avanzó y le obligó a usar silla de ruedas.
«Intenté, a buenas, hablar con los vecinos para instalar un ascensor. Es un bien para todos, la gente se va haciendo mayor; al final todos lo vamos a utilizar, pero nada, no lo conseguí», explica.
El siguiente paso: «recurrí a un abogado». El problema no es solo económico. El presupuesto del ascensor asciende a 72.000 euros. Solo cuatro vecinos de los doce están de acuerdo. Pero es que, además, la finca tiene un espacio común muy reducido. La obra para instalar el ascensor, a parte de suponer un gasto extra para la comunidad, obligaría a «expropiar» una determinada superficie de los propios pisos privados.
Alegando estas cuestiones, los contrarios al proyecto que «podría sacarme de la cárcel», consiguieron una sentencia favorable en el primer juicio ya celebrado. El fallo es recurrible y Daniel Agulló ya está trabajando con su abogado «porque esto es una barbaridad. Es inhumano tener que vivir encarcelado en tu propia casa y además pagando la hipoteca. Puedo decir que estoy hipotecado pagando mi propia prisión».
Pero Daniel no es el único. «Según los datos que maneja Comisiones Obreras, en Elche hay 3.000 personas en mi misma situación. Lucho por solucionar mi problema, pero también porque no hay derecho a que las personas con diversidad funcional no puedan acceder a su derecho a bajar a la calle», asegura.
Vivienda social, de pago
Algunos le han preguntado que por qué no busca ayuda en los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Su respuesta es clara: «Te ofrecen una vivienda social en un barrio que no es el tuyo y con un entorno donde no te gusta vivir y, además, tienes que pagarla. Es decir, te metes en dos hipotecas para solucionar tu problema de mala manera. O mal alquilas tu casa... No es solución».
El 4 de diciembre de 2017 «finalizó el plazo que ofrecía la ley para que todos los bienes y servicios, tanto públicos como privados, estuvieran adaptados. Estamos en julio de 2019 y seguimos sin hacer nada. Ya no sé ni a qué administración correspondería, pero lo que tengo claro es que esto es totalmente inhumano».
¿Cómo se puede sentir alguien que ve cómo sus vecinos y las Administraciones competentes le dan la espalda? «Como un preso. Peor, ellos al menos tienen derecho a dos horas de patio. Yo no las tengo, no puedo disponer de un ascensor para bajar a la calle. Ni siquiera tengo un servicio para bajar dos horas al día».
Daniel trabajaba como jefe técnico de mantenimiento en el aeropuerto de Elche-Alicante. «Mi enfermedad me impide hacer esfuerzos, ya no puedo trabajar y tengo la incapacidad absoluta. Además, con 42 años, vivo en mi propia casa-prisión».
La Ley de Propiedad Horizontal obliga a que haya mayoría
La Ley de Propiedad Horizontal establece que para llevar a cabo la instalación de un ascensor o de cualquier elemento para la supresión de barreras arquitectónicas es necesario el voto favorable de la mayoría de los propietarios, que, a su vez, deben representar la mayoría de las cuotas de participación.
«No puedo recoger a mi hijo porque el colegio aún no está adaptado»
Daniel Agulló tiene un niño de seis años que acude a un centro público y su padre no puede ir a buscarlo
Nadie sabe lo que se sufre hasta que lo pasa. Y pocos se pueden imaginar la cantidad de barreras arquitectónicas que calles, edificios públicos o privados, siguen teniendo para las personas con diversidad funcional y problemas de movilidad. «Me muevo en autobús público y siempre que voy a la parada tengo que rezar para que el vehículo que venga esté adaptado y pueda acceder al mismo. Si no, a esperar», asegura Daniel Agulló.
Uno de los problemas o barreras que más le duelen es, sin duda, que «el colegio de mi hijo no está adaptado y no puedo ir a recogerlo nunca».
El centro, de carácter público, «sigue aún sin adaptarse». Su niño tiene ahora seis años y su padre comenzó a enfermar cuando «todavía iba a la guardería. Pero ahora no me lo planteo, no podría ir a recogerlo al colegio».
«Todos pagan»
Lo más triste de su discapacidad «no es solo tener que enfrentarte a tus propios problemas de salud o a las barreras arquitectónicas que todavía hay, y muchas. Lo peor es que tu diversidad funcional no solo la pagas tú, sino también todos los que está a tu alrededor».
Daniel, acompañado hoy por su padre para acudir a su médico, cuenta con barreras arquitectónicas y legales para conseguir dignidad. Pero eso sí, como asegura, «nunca dejaré de luchar».
