La nueva contrata de la basura de Elche, que ha sacado a licitación el Ayuntamiento, se ha puesto entredicho en los tribunales. Empresas y colectivos se han unido para presentar un recurso ante el Tribunal Central de Recursos Contractuales solicitando la suspensión cautelar de la tramitación del procedimiento de licitación de la contrata del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, así como la anulación del pliego.
El recurso, firmado por empresas como Lidessa, Gespla, Cisternas Hurtrans, Tank Hurt y Montes Vivos , y colectivos sociales y ecologistas como ADR Camp d'Elx, Àgora d'Elx, Alonis, Des de Baix, y Margalló-Ecologistes en Acció, se basa, por un lado, en el supuesto incumplimiento en varios apartados de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, y por otro, en infracciones que aseguran haber detectado en el pliego de licitación de normativas estatales y autonómicas en materia de gestión de residuos.
La no división en lotes del contrato, impidiendo así la participación en el concurso de adjudicación a pequeñas y medianas empresas, y a entidades de economía social, es el principal punto esgrimido por los impulsores de este recurso en lo que respecta a la Ley de Contratos.
En este sentido, recordaron que colectivos como ADR Camp d'Elx «solicitaron infructuosamente el pasado año en sus sugerencias al pliego que se tuviera en consideración a estas empresas». El presidente de ADR Camp d'Elx, Pascual Serrano, dijo que «nos parece lamentable que, en vez de trabajar dentro de la legalidad para que empresas de la zona puedan beneficiarse con una contrata como ésta, por el contrario, se diseñe para favorecer exclusivamente a las cuatro o cinco macroempresas del sector». Serrano apuntó que «los argumentos que han dado para hacerlo de esta manera carecen totalmente de sentido».
Por lo que respecta al incumplimiento de diversas normativas ambientales, vuelve a cuestionarse el hecho de no haberse elaborado previamente un plan local de residuos para después ade0cuar la licitación a las directrices de dicho plan.
No se establece, según indicaron los impulsores del recurso, «obligación contractual alguna para cumplir con los objetivos establecidos por la legislación en materia de recuperación y reciclaje». Y además advierten que dicho incumplimiento supondría una infracción de la legalidad, que, según apuntaron, «podría provocar sanciones al propio Ayuntamiento de Elche que, al final, revertirían en los propios vecinos».
En opinión de Margalló Ecologistes en Acció, «esta contrata no sólo es mala para los ecologistas o para las empresas de Elche, es una contrata nefasta también para todos los ilicitanos».
«Tal y como se plantea (según dijeron desde Margalló Ecologistes en Acció) o bien tendríamos que hacer frente a multas que nos llegarán por una u otra administración, o bien estaríamos obligados a padecer una modificación millonaria de la contrata para adaptarla a lo que se exige, lo que se podría haber hecho antes a un coste muy inferior».
Finalmente, desde los colectivos y empresas promotoras del recurso se pide al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elche que recapacite y vuelva a abrir el proceso de diálogo para diseñar la contrata, «teniendo en cuenta los supuestos incumplimientos e incorrecciones que tiene la actual, las exigencias actuales en materia de gestión de residuos y las pretensiones de nuestra ciudad de lograr la Capitalidad Verde Europea en el año 2030».
El ejecutivo local dice buscar la mejor relación calidad-precio
Desde el Ayuntamiento de Elche informaron que el juzgado, por el momento, solo ha solicitado copia del expediente de contratación, que «será remitida». Desde el equipo de gobierno se consideró que «este tipo de recursos son habituales en expedientes de esta naturaleza, tanto contra la licitación misma, como es el caso, o en fases posteriores», y destacó que «el tribunal no ha solicitado la paralización del expediente, por lo que el procedimiento continúa».
Respecto a las cuestiones alegadas, entienden que «la contratación del servicio de forma unitaria, tal y como se hace en la actualidad, y como sucede en la inmensa mayoría de municipios, permite diseñar un servicio más moderno, medioambientalmente más respetuoso y con mayor grado de eficiencia, consiguiendo así la mejor relación calidad precio».
