El Ayuntamiento ha suspendido la puesta en marcha de las tarjetas de crédito para las familias sin recursos de Elche, una medida que Servicios Sociales quiso activar en enero de este año para dignificar a las personas vulnerables a la hora de comprar en los supermercados con ayudas sociales. La herramienta se puso en marcha de forma experimental con una veintena de familias, con el objetivo de sustituir los tradicionales vales de alimentos.

Sin embargo, el área de Servicios Sociales decidió a finales del anterior mandato retirar las tarjetas ante la falta de medios para poder extenderlas a las 3.000 familias que se benefician de las ayudas de emergencia en Elche. Desde la Concejalía indicaron que aunque la fase de pruebas fue satisfactoria, la falta de medios humanos y técnicos en el departamento municipal para poder controlar los gastos de manera exhaustiva que hace cada familia hace este sistema de pago inviable, al menos por el momento. Otro de los problemas detectados es que las tarjetas se rompen o se pierden, lo que lleva su tiempo para poder reponerlas y depende de lo que tarde un banco en reactivarlas, algo que va en contra de estas familias que sufren situaciones de emergencia.

Es por eso por lo que la medida anunciada por el anterior ejecutivo local, importado de ciudades como Barcelona, ha quedado ahora en el aire y será una decisión del nuevo responsable del departamento, Mariano Valera. De momento, han vuelto al sistema tradicional.

La intención del Ayuntamiento no había sido otra que normalizar las compras de las personas que reciben una prestación de los Servicios Sociales, ya que sus usuarios no iban a estar obligados a ir a supermercados asociados a las prestaciones sociales. Podrían ir a cualquier tienda de la ciudad y de las pedanías y serían tratados igual que el resto de clientes. De ese modo, esas familias se evitarían tener que exponerse a ser enjuiciados por presentar un vale en la caja de la tienda.

En total, el Ayuntamiento ilicitano ofrece ayudas de emergencia a más de 3.000 familias al año, pero con la entrada en vigor de la Renta Valenciana de Inclusión de la Generalitat, se estima que 600 personas pudieran acabar recibiendo esa prestación municipal. Aún así, la cifra de personas que a día de hoy se benefician del respaldo económico del Ayuntamiento para poder atender necesidades básicas como es la comida, la luz y el agua o el alquiler es elevada. Los fondos parten desde los 150 euros y llegan a los 250 euros mensuales, dependiendo de la unidad familiar. En todos los casos reciben un pago de 300 euros para alquiler o hipoteca que se da una vez al año.