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Esther Botella: «Muchas aplicaciones en nuestros móviles hacen cosas peores que escucharnos»

La Agencia de Protección de Datos acaba de multar a LaLiga con 250.000 euros por violación de los principios de transparencia

Esther Botella: «Muchas aplicaciones en nuestros móviles hacen cosas peores que escucharnos» MATÍAS SEGARRA

¿Cómo valora la multa del Constitucional a LaLiga?

La multa, en mi opinión, es un modo de decir que no todo vale, supone un freno al uso de las apps, o de cualquier plataforma que utilizan nuestros datos para finalidades no muy claras. En este caso, la app de La Liga de futbol no informaba claramente de la finalidad para la cual iba a utilizar el micrófono de los smartphones de los ciudadanos. Si mal no recuerdo, es cierto que pedía el consentimiento, pero a la hora de informar decía algo así como «ayuda a tu equipo» y luego explicaba de forma muy resumida los usos. En realidad, los usuarios se encontraron con que "ayudar a su equipo" implicaba dar acceso para que la Liga pudiera habilitar los micrófonos de sus teléfonos, así como su geoposición, de tal manera que les permitía detectar locales, bares por ejemplo, que emitían futbol sin pagar la licencia correspondiente. Es decir, los usuarios se convertían en «miniespías» o inspectores circunstanciales de La Liga sin realmente ser conscientes de ello..

¿Cree que otras organizaciones o compañías están haciendo lo mismo y no lo sabemos?

Estoy segura de que así es. En defensa de La Liga tengo que decir que al menos informaba de los usos. Desde luego no de la mejor manera tal y como estamos hablando. Pero lo que sí es cierto es que existen muchas aplicaciones que estarán haciendo cosas mucho peores y sin informarnos.

¿Hasta qué punto es legal que se pueda grabar lo que ocurre en un establecimiento privado?

Yo no soy penalista y en todo caso es un asunto que debería dirimir un juez. Mi opinión personal al respecto es que al igual que no me parece ético que los bares no paguen los derechos que les corresponden por emitir partidos, tampoco me lo parece utilizar al ciudadano de a pie y sus móviles como instrumento para localizarlos sin ser éstos realmente conscientes de ello. Muchos ciudadanos siguen sin conocer lo que aceptan cuando descargan una aplicación en el móvil. La normativa de protección de datos actual exige una transparencia real y demostrable de quienes están detrás de los tratamientos de datos. No obstante, es cierto que en la mayoría de casos no se leen las condiciones ni los avisos de privacidad. Los ciudadanos estamos tan cansados de encontrarnos con tantos avisos legales que ya ni les hacemos caso y, por tanto, les damos a todo que sí, y esto provoca situaciones que habilitan legalmente a apps y a las organizaciones que están detrás a «comercializar con nuestros datos».

¿Qué consejos se pueden dar para que la gente sea más precavida con su móvil?

Ser cuidadosos y entender que lo gratuito no es real. Detrás de esas aplicaciones hay verdaderos emporios que comercializan nuestros datos. Revisar de vez en cuando los ajustes del teléfono y en la sección aplicaciones verificar qué permisos estamos dando. Además de la protección legal, la educación temprana y la formación es crucial para protegerse.

Da un poco de miedo todo esto ¿no? Vaya futuro nos espera..

Bueno, está claro que la sociedad de la información es algo positivo que nos permite acceder a un mundo de conocimiento, de comunicación y de interacción que antes no teníamos. Obviamente todo esto acarrea este tipo de inconvenientes de los cuales habría que tratar de defenderse tal como hemos visto antes.

Usted también ha participado en un grupo de expertos que ha conseguido que los partidos políticos dejen de usar datos privados para lanzar campañas personalizadas. ¿Qué le parece este respaldo del Tribunal Constitucional?

Así es, en Grupo Secuoya, como grupo de expertos independiente y sin ánimo de lucro, en un principio comenzamos con la iniciativa de Lista Viernes (una lista para que los partidos políticos no enviaran propaganda electoral por medio digital) y algunos miembros del mismo, junto con otros juristas de reconocido prestigio y a través de la via del defensor del pueblo consiguieron que el Tribunal Constitucional se decantase por declarar nulo el artículo 58 bis. 1 que permitía a los partidos políticos recopilar datos de opiniones políticas de los ciudadanos sin su previo consentimiento.

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