Hace un año que un grupo de aparadoras de Elche que durante décadas han aceptado trabajar sin contrato y sin derechos en sus domicilios dijeron basta y decidieron dar la cara para tratar de visibilizar lo que en la ciudad es un secreto a voces, y reclamar el apoyo de las Administraciones para poner fin a la economía sumergida vinculada al sector del calzado. Así nació la Asociación de Mujeres Aparadora y Trabajadoras del Calzado de Elche que ayer realizó un repaso a su primer año de vida, marcándose como objetivo seguir visibilizando un problema, y conseguir poner en marcha una cooperativa de aparadoras, para dar cobijo a las mujeres que siguen trabajando al margen del sistema.

La presidenta del colectivo, Isabel Matute, que no ha vuelto a recibir encargos desde que se puso al frente de la asociación, destacó que «en un año hemos conseguido que se nos escuche en muchos foros, pero nos queda mucho por hacer, y, por eso, hemos solicitado al Ayuntamiento de Elche que nos ceda un espacio desde el que centralizar todo el trabajo, para ser más operativas».

No es la primera vez que el colectivo pide la colaboración municipal para que se les facilite un espacio en el que ubicar la sede y una cooperativa de aparadoras, pero esta semana, coincidiendo con el aniversario de su función, lo han solicitado formalmente por escrito en una Oficina Municipal de Atención al Ciudadano (Omac).

Objetivos

Entre las reivindicaciones del colectivo de aparadoras está el que la administración les reconozca los años que han trabajado, y que no han estado dadas de alta en la Seguridad Social, así como que se les reconozca la enfermedad profesional a las aparadoras que padecen algún tipo de dolencia vinculado a su trabajo, como el túnel carpiano, aunque no hayan estado contratadas. Dos requisitos delicados, y que desde las Administraciones ya les han dicho que son complicados de conseguir, por trabajar sin cotizar a la Seguridad Social.

En la asamblea que se celebró ayer por la tarde en el Centro Social de Francesc Cantó, se recordó que a lo largo del último año la asociación se ha reunido con los responsables del Ayuntamiento de Elche, al que insisten en pedir colaboración para poner en marcha una cooperativa, así como a otras instituciones.

Concretamente, el colectivo ha sido escuchado en las Cortes Valencianas. En esta institución, el colectivo consiguió, con la colaboración del grupo parlamentario de Compromís, según recordó ayer Isabel Matute, que se aprobara el pasado mes de noviembre una iniciativa para que las ayudas o subvenciones al sector del calzado estén subordinadas a los principios de dignidad, seguridad y derechos laborales, y que se tenga en cuenta que el personal de estos sectores esté sujeto al convenio colectivo del sector. El acuerdo de las Cortes Valencianas también incluía favorecer la creación de cooperativas.

El colectivo de aparadoras también fue bien recibido en el Congreso de los Diputados y en el Senado, donde se aprobó una proposición no de ley en la que se instó al Gobierno a mejorar las labores realizadas por la Inspección de Trabajo, mediante el desarrollo de un plan específico dotado de recursos humanos y materiales suficientes para abordar el reconocimiento de los derechos laborales, salariales y en materia de salud laboral de las aparadoras y otras actividades relacionadas.

Además, las aparadoras consiguieron reclamar al Ejecutivo que constituya un foro con la participación de los agentes sociales, en colaboración con la Generalitat Valenciana y las principales entidades locales afectadas, que aborde la búsqueda de soluciones respecto a la economía sumergida de las aparadoras.

En definitiva, una serie de compromisos que ahora deben verse materalizados, y por eso ayer en la asamblea se insistió en la necesidad de seguir dando visibilidad a los problemas de las aparadoras que trabajan, y han trabajado, para la economía sumergida.