La vigésimo octava sesión del juicio del caso Brugal, que investiga un supuesto amaño en la contrata de basuras de Orihuela sirvió para que uno de los técnicos del área de Contratación del Consistorio oriolano pusiera sobre la mesa la situación en la que se prestaba el servicio en la costa del municipio, con un contrato distinto al del resto del término municipal, y las dificultades a las que tuvieron que hacer frente a la hora de sacar a la licitación un pliego único, que fue el origen de las irregularidades que se investigaron años después.

La redacción del pliego para el contrato del servicio en todo el municipio empezó en el año 2000 y no se resolvió hasta 2008, cuando se adjudicó el servicio a la empresa Orihuela Capital de la Vega Baja, una UTE que presuntamente, según sostiene la Fiscalía y los investigadores, pertenecía al empresario Ángel Fenoll, aunque a través de testaferros.

El técnico señaló que, hasta entonces, el servicio en la Costa se habría realizado «sin cobertura jurídica», al extinguirse el contrato firmado con Colsur, que siguió encargándose de la recogida y limpieza en el litoral durante cerca de 10 años. Pese a que los técnicos comenzaron a redactar los pliegos en 2000, el «complejo trabajo, la falta de personal» y el hecho de que «la zona creció urbanísticamente de forma exponencial», hizo que el trabajo finalizado en 2004 no fuera válido, pues ese crecimiento de la zona dejaba los cálculos obsoletos.

El exfuncionario -ya está jubilado- no pudo arrojar mucha más luz a las preguntas de la Fiscalía. El «no lo recuerdo» fue la respuesta general a un interrogatorio de casi cuatro horas. El testigo aludió en numerosas ocasiones al trabajo de otro técnico del área, ya fallecido, que fue quien realizó el informe en el que se proponía la adjudicación del contrato a Urbaser. El contrato quedó finalmente desierto después de paralizarse la adjudicación ante las sospechas de irregularidades al aparecer el precinto roto en una de las plicas y hacer públicas Ángel Fenoll grabaciones que mostraban supuestos amaños. «El trabajo del técnico fue intachable, estuvo un mes encerrado en su despacho realizando el informe, y solo salía para preguntarme alguna duda jurídica», señaló. En cuanto a la custodia de estas plicas, aseguró que éstas estaban en un despacho, bajo llave, y tan solo él y el jefe de la Policía Local tenían acceso al mismo. Por la tarde fue el turno de la exedil de Hacienda, Paz Chazarra, y hoy declararán más testigos.