Aparentemente son trabajos menores. Nada de levantar edificios o mover importantes cantidades de terrenos. Pero es solo eso, apariencia, porque la actuación que se está llevando a cabo en el barrio ilicitano de Los Palmerales, uno de los más deprimidos de la ciudad, está dirigido a regenerar bloques de viviendas y, en definitiva, mejorar las condiciones de habitabilidad y convivencia de los vecinos.

La inversión no es pequeña: más de 2,1 millones de euros públicos (1.375.660 aportados por la Generalitat Valenciana y 740.740 el Ministerio de Fomento) para poner en valor 276 viviendas de promoción pública. La actuación recuerda a la que se ha llevado a cabo en estos últimos años y actualmente en el barrio vecino, en San Antón, pero en realidad no tiene nada que ver.

«Aquí lo que estamos haciendo es limpieza de fachadas, pintar las zonas bajas de los edificios, cambiar las persianas de los salones...» relata un encargado de la obra, quien destaca que, salvo un caso aislado, el resto de vecinos están entendiendo las molestias que origina cualquier obra.

Y es que, en los próximos meses, los inquilinos de unos cinco bloques van a ver cómo sus zonas comunes son restauradas, es decir, rellanos, escaleras y algún que otro espacio más. Tendrán nuevo suelo y peldaños, pero también se mejorarán y arreglarán las cubiertas y se cambiarán los verteaguas rotos.

Actuaciones en unas 240 ventanas, instalación de rampas, para hacer más accesibles el acceso a los edificios o pintar verjas son otros de los cometidos. Todo de puertas afuera, es decir, estos fondos no implican ninguna inversión dentro de las propias viviendas.

Los obreros, que trabajan de 8 a 19 horas, aseguran que están trabajando con normalidad, sin ningún problema, y que en principio hay unos ocho meses de trabajo por delante.

Mientras dos operarios, con maquinaria elevadora, aplican agua a presión para devolverle algo de vida a los ladrillos caravista de una tercera altura, algún vecino próximo deja caer: «Podrían haber aprovechado para ponernos ascensor», mientras otro señalaba que más que arreglar paredes precisan un parque o una zona verde, mirando a un gran descampado anexo frente a la Ciudad de la Justicia.

La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, a través de la Entitat Valenciana d´Habitatge i Sòl (EVha) es la que tutela esta actuación que dio inicio el pasado mes de marzo para, concretamente, la rehabilitación de elementos comunes y reurbanización de espacios libres del grupo de vivienda pública de Los Palmerales.

Esta actuación se enmarca dentro de las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) que la Conselleria de Vivienda ha impulsado por primera vez en el parque público. El ámbito de actuación está situado en el grupo de viviendas de las calles Llimoner, Morera, Taronger y avenida de Santa Pola. En las obras del ARRU se van a desarrollar actuaciones en un total de seis edificios del barrio.

Mediante esta serie de obras, «la Generalitat busca favorecer la recuperación urbana y residencial de esta zona, en la que se realizarán actuaciones que estarán dirigidas a mejorar las condiciones de conservación y mantenimiento de los edificios, instalaciones generales, mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética de las viviendas», aseguran fuentes del Consell.

Desde 2016 anunciando esta actuación con componente social

Esta actuación en el barrio de Los Palmerales ya se anunció hace tres años. El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publicaba en agosto de 2016 que la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio había licitado la redacción de los proyectos para las obras de rehabilitación. Desde entonces, tanto desde el Consell como desde el Ayuntamiento, se ha ido anunciando en reiteradas ocasiones la inversión millonaria que estaba al caer, pero que no terminaba de hacerse efectiva. Por otra parte, desde la Generalitat se ha querido destacar también el carácter social que tienen estas obras, ya que cuentan con una cláusula que obliga a las empresas adjudicatarias a la contratación de, al menos, un 50% de los trabajadores necesarios para la ejecución de las mismas de entre personas de la localidad en situación de desempleo de larga duración, con prioridad a residentes del barrio.