06 de junio de 2019
06.06.2019

Condenado a tres meses de cárcel por tener sin contrato a 17 de los 21 empleados de su fábrica

Una inspección en las instalaciones de la empresa, en la partida de Carrús, destapó el delito contra los derechos de los trabajadores

05.06.2019 | 23:16
La Ciudad de la Justicia, en una imagen de archivo.

La Fiscalía pedía tres años de prisión pero rebajó la calificación ayer para llegar a un acuerdo y evitar el juicio.

La Sección Séptima de la Audiencia, con sede en Elche, condenó ayer a tres meses de prisión a un empresario de una fábrica de calzado de Elche que tenía a 17 de sus 21 empleados trabajando sin dar e alta en la Seguridad Social por un delito contra los derechos de los trabajadores, según confirmaron ayer a este diario fuentes judiciales. La Fiscalía pedía inicialmente una pena de tres años de cárcel debido al elevado número de empleados, pero se llegó a un acuerdo de conformidad para evitar el juicio en el que se rebajó la pena a solo tres meses al aplicarse también al acusado un atenuante muy cualificado por dilaciones indebidas. El caso se juzgó casi cinco años después de que se descubriera el delito.

Los hechos datan del año 2014 cuando una inspección de trabajo acudió a la nave donde la mercantil producía el calzado, situada en la partida de Carrús, en las inmediaciones del polígono. Concretamente, fue el 5 de marzo de 2014, y tan solo encontraron a cuatro empleados dados de alta en la Seguridad Social y con contrato.

El escrito de acusación del Ministerio Público no describe el tiempo que llevaban trabajando para esta empresa en situación irregular, aunque la firma fue creada en 2011. Fuentes judiciales señalaron que en estos casos la Inspección de Trabajo, de forma paralela a la investigación penal, interpone las sanciones correspondientes, además de obligar a la empresa a correr con los gastos de la Seguridad Social de los trabajadores durante todo el tiempo que hayan estado prestando sus servicios sin estar dados de alta.

El tribunal también condenó al empresario al pago de una multa de 540 euros. La mercantil además ha quedado inhabilitada durante dos años para la obtención de subvenciones y ayudas públicas para contratar en el sector público y gozar de beneficios o incentivos fiscales de la Seguridad Social.

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