Más de 50 personas y constructoras de 4 uniones temporales de empresas encargadas de otros tantos tramos de la línea del tren de alta velocidad de Crevillent a Murcia se sentarán en el banquillo en esta última ciudad tras abrir juicio oral la magistrada de su juzgado de instrucción número 9.
Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de esa región, un auto comunicado este viernes cita entre las personas físicas que serán juzgadas a responsables del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y de la comunidad de regantes San Felipe Neri (Crevillent), también en la provincia alicantina.
En el también conocido como caso César se investigan contratos de ejecución de obras de reposición de infraestructuras hidráulicas y canalizaciones afectadas por la construcción de la plataforma ferroviaria de alta velocidad del Levante español y paralelamente un fraude en los impuestos de sociedades y del valor añadido.
En algunos casos se acusa a los procesados como autores de delitos contra la hacienda pública, malversación, fraude, estafa, falsedad, pertenencia a grupo criminal o blanqueo de capitales del delito y en otros, como responsables civiles subsidiarios y partícipes a título lucrativo.
El procedimiento se inició en 2015 tras una denuncia de la Agencia Tributaria que desvelaba presuntas irregularidades fiscales a través de un entramado de empresas sin actividad que emitían facturas falsas que según el fiscal habrían permitido desviar al menos 24,9 millones de euros del presupuesto de Adif, con otros 2,1 de perjuicio a la hacienda pública.
Contra este auto no cabe recurso.
