La declaración del inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sirvió ayer para explicar al tribunal cómo el empresario oriolano Ángel Fenoll habría tejido una red empresarial con la que formar una UTE para presentarse, de forma encubierta y a través de testaferros, a la contrata de basuras de Orihuela en 2008. Fenoll también tenía intención de optar a ese contrato, como finalmente ocurrió, con su empresa, Colsur. Con esta maniobra, no obstante, tendría más opciones de adjudicarse el pliego, al poder optar a él a través de dos ofertas con tres mercantiles distintas. El testimonio del agente, que lleva tres días de juicio contestados a las preguntas del fiscal, se centró en profundizar en el contenido de los pinchazos telefónicos de 2007 a 2008, pues a partir de enero de este año la Sección Séptima de la Audiencia anuló las escuchas. La Fiscalía, tras la negativa de la sala a reproducir los audios grabados en los móviles de parte de los 34 acusados, optó por reforzar la declaración del testigo con la lectura de las transcripciones de las conversaciones que éste supervisó.
El investigador lo tenía claro: «Fenoll buscaba empresas ya en funcionamiento y la intención era comprar las participaciones a través de terceras personas (testaferros) para mantener el control de las mismas y, con ello, el de la UTE y presentar una oferta». El testigo introdujo además a otros de los acusados en el juego. «Fenoll involucra a Rafael Gregory (otro de los acusados) en la búsqueda de estas empresas». El objetivo era poner a terceras personas al mando de estas mercantiles para que no quedara ningún vínculo que las relacionara con Fenoll, siempre según el agente. Para ello, ambos habrían recurrido, entre otros, a Jorge Sanz, hombre de confianza de Fenoll, ya que «era una persona desconocida en Orihuela, por lo que no podrían vincularlo con él».
El proceso de búsqueda de las empresas a las que comprarles su participación y hacerse con el control para formar la UTE se demoró durante meses. Un tiempo en el que las diferentes conversaciones mantenidas entre Fenoll, Gregory y otros implicados daban a los investigadores las pistas necesarias para probar el presunto entramado. Reuniones en un hotel de Alicante, viajes a Madrid, reuniones y comidas en restaurantes y otras muchas gestiones quedan recogidas en las conversaciones entre los implicados, tal y como resaltó el agentes.
Todo este entramado habría comenzado en el verano de 2008, nada más llegar la excaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, a la Alcaldía tras obtener el PP mayoría absoluta, relevando en el cargo a José Manuel Medina, también del PP. El informe encargado a la Universidad de Valencia para valorar el pliego de la contrata que realizó el anterior equipo de gobierno de Medina abría la puerta a declarar desierto el concurso por ambigüedades en la redacción. En contra de lo que pedía la oposición, el equipo de gobierno encabezado por Lorente lo declaró desierto en un pleno y, a partir de ahí, comenzarían las gestiones de Fenoll para presentarse al nuevo concurso que saldría a licitación en meses.
Pagos millonarios
El agente contó cómo el día antes de ese pleno, Fenoll predijo en una conversación que ese concurso quedaría desierto y la alegría posterior al hacerse pública la noticia. Sin contrato de basuras, su empresa sería encargándose de la recogida en la costa.
Paralelamente en el tiempo, el Ayuntamiento de Orihuela aprobó en septiembre y octubre de 2007 pagos a Colsur por 700.000 y 800.000 euros, respectivamente. «Nos llamó la atención que Fenoll había reiterado en varias ocasiones que le beneficiaría que Lorente llegara a la Alcaldía y, nada más hacerlo, se aprobó el pago de estas facturas, con reparos de intervención», señaló el agente. La declaración llegó hasta las conversaciones del año 2008, el periodo que ha quedado anulado, lo que complicó el interrogatorio de la Fiscalía, que continuará hoy. Durante la sesión se escucharon numerosas protestas de las defensas, que aún no han podido interrogar.
La Fiscalía exhibe el contenido incautado en los registros
La Fiscalía Anticorrupción exhibió ayer todo el material incautado por los agentes de la UDEF durante los registros en las empresas y viviendas de los implicados. Así pudo verse en sala la famosa cámara escondida en una alarma que Fenoll tenía en su despacho o el merchandising del PP que supuestamente pagó el empresario para la campaña de Lorente. DVDs, CDs y otra documentación de interés fue mostrada al agente para certificar que todo ese contenido fue encontrado en los diferentes registros, y cómo se utilizaron posteriormente en la investigación.
Las conversaciones en clave: 30 contenedores eran 30.000 euros
El agente explica en el juicio cómo algunos procesados tenían teléfonos de prepago para evitar ser rastreados
La declaración del principal investigador de la trama del Brugal sirvió ayer también para sacar a la luz detalles del modus operandi de los implicados y de cómo trataban de cubrirse las espaldas para no ser descubiertos. Entre las artimañas señaladas por el policía de la UDEF se encuentra el uso de palabras clave para ocultar presuntos delitos o la compra de teléfonos de prepago a nombre de terceros para evitar el rastreo y los pinchazos de las llamas.
El testigo señaló que Fenoll usaba el término contenedores para referirse al dinero. Así, por ejemplo, 30 contenedores equivaldrían a 30.000 euros. «Por la experiencia que tenemos, esta forma de hablar en clave supone que se está ocultando información y, si se oculta, es porque pertenecen a actividades delictivas. Si fuera una conversación meramente mercantil no habría necesidad de cifrar el lenguaje», señaló el policía.
Artimañas
Todas esas deducciones se realizaron a raíz de las escuchas y otras pruebas a las que tuvieron acceso los agentes de la UDEF durante la investigación. Otra de las artimañas utilizadas, tal y como señaló el agente, habría sido el uso de terminales de prepago, adquiridos por empleados y personas afines a Fenoll. El testigo señaló que en el momento en el que tuvieron constante de la adquisición de los terminales, a través de una conversación telefónica pinchada, acudieron a la tienda donde se habían adquirido para pedir un listado de los clientes en las fechas recientes y fue entonces cuando vieron que algunos de estos compradores estaban vinculados con el empresario. Así pudieron comprobar que los usuarios de esas líneas telefónicas no eran sus titulares sino que eran utilizados por Fenoll y su entorno.
No obstante, esas conversaciones de los teléfonos de prepago han sido anuladas por la Audiencia Provincial, por lo que el contenido de esas escuchas no sirve a la acusación, ejercida por la Fiscalía Anticorrupción y el Ayuntamiento de Orihuela, como prueba. En al aire están, por tanto, casi tres años de escuchas, que la Fiscalía no podrá poner sobre la mesa, por lo que también está por ver el papel del testimonio de los testigos en este periodo de la investigación, pues tampoco podrán hacer referencia a ellas.
