Las quejas vecinales y, sobre todo, las denuncias que realizan la Guardia Civil y la Policía Autonómica han llevado al Ayuntamiento a realizar una inspección cada dos días en talleres de Elche. Se trata de establecimientos de la industria zapatera y negocios que fabrican componentes o que manipulan productos químicos que, en la mayoría de ocasiones carecen de licencia de apertura, entre otras cosas, porque ni siquiera cuentan con las medidas de seguridad pertinentes o porque se ubican en terrenos en los que está prohibida una actividad industrial.
En total, la Concejalía de Aperturas ha puesto en marcha una quincena de inspecciones al mes en el último año. Unos controles que han ido a más en 2018 debido a un incremento de la actividad, tal y como ha detectado el Ayuntamiento. Entre los casos encontrados: fábricas de plantillas de cuero sintético que no tienen licencia de apertura o talleres que realizan vertidos sin control.
Carrús, Matola y Altabix son algunos de los barrios donde los técnicos municipales han realizado las visitas sorpresa tras ser requeridos por la Policía o el Seprona. No obstante, la mayoría de problemas por no tener todos los permisos en regla se localizan en las pedanías. Se trata de pequeñas fábricas, con un número reducido de trabajadores, diseminadas por el campo.
Lo que el Ayuntamiento pide a los encargados de estos negocios son los permisos de aperturas, los certificados del pago de las tasas municipales, las licencias ambientales y las declaraciones responsables, siempre según el tipo de negocio. También preguntan sobre el número de trabajadores que integran la empresa y se les pide una identificación a los mismos.
Entre los casos más comunes de irregularidad están los establecimientos que están dados de alta pero que incumplen la normativa del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y se encuentran afincados en terrenos no aptos. Deberían estar, por tanto, en polígonos o zonas calificadas como suelo industrial.
Sin embargo, no todas las inspecciones se traducen después en una clausura del local. El Ayuntamiento deja a los propietarios de los negocios tiempo para regularizar su situación, dándoles un trámite de audiencia. En caso de que las irregularidades supongan un riesgo para la salud, la orden de Aperturas es clausurar directamente el local, aunque el Ayuntamiento expone que lo habitual es que los casos no sean graves y se deje un margen para la regularización.
Exigencias
Frente a ello, los sindicatos coincidien en que no es suficiente lo que se hace en Elche por combatir este tipo de situaciones irregulares, que van ligadas a la economía sumergida, a los trabajadores sin dar de alta y a la competencia desleal. Comisiones Obreras reclama una mayor coordiación entre la Policía Autonómica y el Ayuntamiento. Reivindican que los inspectores de trabajo tengan cabida en la mesa de la economía sumergida que organiza el Ayuntamiento con Policía, organizaciones sindicales y patronales.
UGT comparte la misma idea y considera que las administraciones públicas no están poniendo todos los recursos que se necesitan para acabar con esta lacra: los talleres irregulares y la economía sumergida.
En el lado de los trabajadores, la asociación de aparadoras de Elche considera que la inspección contra este tipo de problemas laborales es escasa . «El problema es que se les cierra el taller y luego abren en otro sitio. Es la pescadilla que se muerde la cola», señala la representante del colectivo, Isabel Matute, quien reconoce también las dificultades para denunciar esos negocios sin licencia.
«Son casas escondidas e en el campo, muy bien disimuladas, con gente que duerme allí, en colchones en el suelo, entre faena, colas...», critica Matute.
