La normativa de la Unión Europea relativa a la protección de datos también está generando quebraderos de cabeza en los colegios e institutos públicos. La Conselleria de Educación está advirtiendo a los centros de titularidad pública que deben dejar de utilizar cualquier tipo de plataformas o aplicaciones como canal de información que no sean las facilitadas por la Administración. Es decir, que solo deben utilizar canales oficiales para comunicarse, con el fin de no perder el control de información sensible, que puede interpretarse como una vulneración de la legislación en materia de protección de datos.
Para aclarar la situación la Conselleria de Educación, dirigida por Vicent Marzà, ha elaborado una resolución con instrucciones para el cumplimiento de la normativa de protección de datos en los centros educativos públicos de titularidad de la Generalitat, que se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el pasado diciembre, y que se está difundiendo ahora entre los centros, con la intención de que la cumplan y no cometan errores en el tratamiento de los datos de alumnos y profesores.
El apartado 3.2.7 de la resolución hace referencia a la utilización de aplicaciones de mensajería por parte del profesorado para comunicación con el alumnado. Aquí la resolución indica que «con carácter general, las comunicaciones entre el profesorado y el alumnado deben tener lugar dentro del ámbito de la función educativa y no llevarse a cabo a través de aplicaciones de mensajería instantánea». Además, añade que «si fuera preciso establecer canales específicos de comunicación, deberán emplearse los medios y herramientas establecidos por la Conselleria competente en materia de educación y puestas a disposición de alumnado y profesorado o por medio del correo electrónico».
De esta forma, la Conselleria de Vicent Marzà explica a los centros que deben descartar el uso de aplicaciones como el popular WhatsApp, así como otras plataformas o redes sociales para comunicarse con los alumnos, con el fin de no sacar fuera del ámbito educativo datos sensibles, que, por ley, están obligados a proteger.
La conselleria también aborda en la misma resolución, en el apartado 3.2.8, la utilización de aplicaciones de mensajería por parte del profesorado para comunicarse con familiares del alumnado. En este caso, la Administración autonómica apunta que «las comunicaciones entre el profesorado y los familiares del alumnado deben llevarse a cabo a través de los medios puestos a disposición de ambos por el centro educativo o la conselleria competente en materia de educación».
Esto quiere decir, como se está recordando ahora a los centros educativos, que, para cumplir con la normativa relativa a la protección de datos, deben dejar de utilizarse plataforma no oficiales, con las que, indicaron fuentes de la Conselleria de Educación, «se pone en riesgo la protección de datos a la que está obligada la administración, ya que puede darse el caso de que el domicilio social de estas plataformas esté fuera de la Unión Europea, y, por lo tanto, se pierda por completo el control de la información de la comunidad educativa».
Reacción
La medida que está llevando a cabo la Conselleria de Educación está siendo bien recibida por los representantes de los docentes. Desde el Sindicat de treballadors i treballadores de l'ensenyament del País Valencià - Intersindical Valenciana (STEPV), Pep Coll, indicó que «todo esto supone cambios en el funcionamiento hasta ahora habitual en muchos centros, por lo que pedimos que se vaya informando a la vez que se dé un plazo razonable, para que los cambios que se tengan que realizar se lleven a cabo de forma flexible y gradual, con el objetivo de no generar más problemas a los centros educativos». Los representantes sindicales consideran, no obstante, que «se está actuando correctamente informando a los centros», a la vez que piden más formación en la materia.
Finalmente, desde varios centros educativos, conformes con la actitud de Educación, también echaron en falta mejores medios informáticos, ya que insistieron en que si durante los últimos años se ha optado por plataformas no oficiales, es debido a que las de la Generalitat «no funcionan bien».
