Para muchos el caso Brugal empezó ayer de verdad con las declaraciones de los primeros testigos. Cuatro mandos policiales estaban citados para responder a las preguntas de acusaciones (Fiscalía, Fiscalía Anticorrupción y Ayuntamiento de Orihuela) y defensas (hay 34 acusados), aunque finalmente solo dio tiempo a escuchar al primero de ellos. El comisario jefe de la brigada provincial de Policía Judicial que coordinó y supervisó las investigaciones desde el primer minuto, en marzo de 2017, aportó detalles de lo que encontraron en los registros domiciliarios, cómo hacían los seguimientos a las personas y cómo se llevaban a cabo las escuchas telefónicas (están invalidadas las realizadas a partir de 2008).
El proceso, que trata de aclarar, entre otros aspectos, la presunta trama para manipular la adjudicación del contrato de basuras de Orihuela, y que se sigue en la sección séptima de Audiencia Provincial desplazada a Elche, podría dilatarse más de lo previsto en vista de lo ocurrido ayer. De los cuatro funcionarios policiales citados solo pudo declarar uno, dado el gran número de letrados que hay para interrogar a los testigos. Para hoy hay otros dos citados.
El primer y único testigo ayer explicó que el detonante de todo sobrevino en marzo de 2007, cuando salió en prensa que el empresario Ángel Fenoll había presentado en Fiscalía una cinta con una conversación con el entonces edil de Centro Liberal, Jesús Ferrández, «donde se daba a entender que se habían cometido ciertas irregularidades en el contrato de limpieza viaria y basuras dado a una empresa que no tenían nada que ver con las empresas de Fenoll». A partir de entonces Fiscalía abría una investigación en los juzgados de Orihuela y se autorizaban, según declaró, cuatro intervenciones telefónicas: dos a Fenoll y dos al edil Ferrández. «Se inicia en aquel momento la investigación y me doy cuenta de que hay que dotar a la unidad de medios técnicos, económicos y de personal». De hecho, manifestó que en una primera fase la investigación se hizo con refuerzos, y que en un segundo momento se precisó el apoyo de Madrid.
Entramado económico
El 20 de mayo de 2007 se producía la primera intervención. «Teníamos claro que existía un entramado presuntamente delictivo familiar y económico encabezado por Fenoll y apoyado por el gerente de Colsur, Francisco Javier Bru, el hombre de confianza de Fenoll, y también se descubre la existencia de una agencia de detectives de Murcia que también hacía trabajos al señor Fenoll, cuyos objetivos eran conseguir la contrata de la recogida de basuras de Orihuela y, en un segundo término, también la contrata del plan zonal de la gestión de residuos de la Diputación».
El testigo también concretó que al poco de abrirse la investigación se ordenaron varios registros, en concreto ese 20 de mayo de 2007, mandamientos de entrada en Colsur y Proambiente (firmas de Fenoll), domicilio en Albatera de Bru, domicilio de Fenoll y en la agencia de detectives.
«Aquello no era normal, era la cúspide de una cosa más gruesa que había», apuntó el ahora excomisario, dando a entender que desde el principio fueron conscientes de la gran dimensión de lo que tenían entre manos. Y es que, según declaró el testigo, en el domicilio de Fenoll se localizaron 87 cintas de VHS en su caja fuerte «que causaron impresión porque cada cinta estaba rotulada con nombres políticos de Orihuela como Jesus Ferrández, el señor Cartagena, así como cierta cantidad de dinero, cerca de ciento y pico mil euros. También había resguardos de Seur de cartas enviadas a Francisco Camps y otra al ministro Eduardo Zaplana».
Más cintas y DVDs
También señaló que en el registro en Proambiente se intervino un ordenador donde aparecieron múltiples transcripciones correspondientes a las cintas grabadas, a conversaciones, así como otros apuntes con datos que correspondían a las presuntas cartas de extorsión que se habían mandado con las transcripciones de esas cintas.
Asimismo, manifestó que en el domicilio de Bru en Albatera aparecieron 103 cintas y DVDs que eran grabaciones similares a las halladas en casa de Fenoll y que en una segunda operación «también aparecieron los nombres de Ortiz y el presidente de la Diputación y unos planos del Plan de Ordenación Urbana de Alicante», sin que se ahondara más en estas cuestiones. Los nombres del exdiputado provincial socialista de Elche Antonio Amorós, Vicente Gomis y Rafael Gregori también salieron ayer en su declaración.
El abogado de Fenoll buscó por su parte que el comisario incurriera en contradicciones y en buscar posibles fallos cuando en su día notificaron cada uno de los pasos dados de las investigaciones, con problemas en las transcripciones telefónicas y poniendo en cuestión su responsabilidad y participación real en las investigaciones.
Así lo hicieron también otros letrados, que preguntaron sobre actas de transcripciones no firmadas por ningún agente, justificación de determinados seguimientos, cuándo, quiénes y por qué había reuniones con Fiscalía antes de empezar el caso, por qué no se pidió documentación a las administraciones sobre las contratas bajo sospecha o por qué no se practicaron detenciones si tenían claro que se estaba incurriendo en delitos, entre otros intentos en busca de nuevas nulidades y poniendo en duda la actuación judicial y el control policial. Uno de los letrados afirmó sentirse afectado en su derecho a la defensa por no tener acceso a los vídeos y otras grabaciones para comprobar la autenticidad de los mismos y su correcta transcripción, así como para certificar la correcta cadena de custodia de las pruebas. Los recursos de casación a la futura sentencia están servidos de antemano, visto solo lo de ayer.
El fiscal anticorrupción, Felipe Briones, se mostró visiblemente molesto en algunos pasajes al entender que se estaba poniendo en duda la Ley de Enjuiciamiento Criminal y también por la forma de proceder y la línea de algunas defensas.
