La Sección Séptima de la Audiencia, con sede en Elche, fijó ayer el calendario de interrogatorios a los policías de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal que investigaron a los 34 acusados del caso Brugal, la trama que investiga un supuesto amaño en la contrata de basuras, y que comenzará el próximo miércoles. El tribunal ha señalado los días 22,23, 28 y 29 las comparecencias de los policías, un tiempo que el Ministerio Público considera escaso, como ha hecho saber al tribunal a través de un escrito en el que alerta de que se prolongarán en el tiempo y que finalmente se necesitarán más días de los previstos. Ayer finalizó la declaración de las mercantiles que figuran como responsables civiles subsidiarias, con la única presencia en el banquillo de los acusados de la exalcadesa de Orihuela, Mónica Lorente, que a pesar de haber pedido la dispensa, como los otros 33 implicados, acudirá a todas aquellas sesiones a las que le sea posible asistir, según manifestó a este diario.

El objetivo de la sala es que el próximo miércoles, a lo largo de toda la jornada -mañana y tarde-, comparezcan los cuatro primeros policías que estuvieron al mando de la investigación durante años -pinchazos telefónicos incluidos- y en los días siguientes, el resto de los investigadores.

Todo apunta a que todo el tiempo que se ha ganado debido a la negativa de los acusados a responder a las preguntas de la Fiscalía, lo va a exprimir al máximo la acusación tratando de probar los delitos de de defraudación, prevaricación, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y de secretos, delito electoral, asociación ilícita, extorsión y coacciones, gracias a las declaraciones de los testigos.

Carpetazo

De hecho, ayer se dio carpetazo a los interrogatorios de los implicados, con la comparecencia de la representante de Liasur, la última de las empresas que está señalada como responsable civil subsidiario de ese presunto amaño de la contrata. Una declaración que duró, como viene siendo costumbre, apenas unos minutos, y que poco esclareció sobre la causa.

El caso Brugal está previsto que se juzgue hasta final de año, aunque la decisión de la sección VII de anular todas las escuchas a partir de 2008 dio un vuelco a la causa dejando al Ministerio Público sin buena parte de la carga penal que había justificado su escrito de calificación. La decisión de los magistrados, a través de un auto que se conoció a finales de abril, será objeto de un recurso previsiblemente cuando se conozca la sentencia.