La polémica por los retrasos en la licitación de la ampliación y adecuación del Colegio La Paz se Torrellano volvió ayer a resurgir tras el dictamen del Síndic de Greuges en el que exigió a la Conselleria de Educación que agilice los trámites para hacerla posible cuanto antes. Todo a raíz de un expediente que inició el propio defensor del pueblo valenciano de oficio, tras conocer a finales del pasado año la problemática para la que la comunidad educativa lleva una década pidiendo soluciones.

Las deficiencias que arrastra el centro, segura Cholbi, vienen prolongándose demasiado en el tiempo y vulneran el derecho a una educación de calidad. Así, en la resolución hecha pública ayer llega a decir que «la finalidad de proporcionar a los alumnos una formación de calidad difícilmente podrá alcanzarse si el centro docente donde debe impartirse no cuenta con los medios materiales necesarios para satisfacer las necesidades educativas de sus alumnos».

Las promesas tanto del Ayuntamiento como de la Conselleria para licitar estos trabajan han sido constante, incumpliéndose en numerosas ocasiones. El paso mes de septiembre, la directora territorial de Educación y Cultura, Tudi Torró, anunció que la licitación sería una realidad en un mes. Algo que no ocurrió. Las últimas noticias al respecto llegaron en el mes de febrero, cuando en una reunión a tres bandas con el conseller de Educación, Vicent Marzà, el Ayuntamiento de Elche y representantes de la comunidad educativa, la Conselleria informó de que una vez que se ha había el proyecto de rehabilitación y ampliación del colegio, que tiene barracones desde hace más de diez años, se iba va a poner en marcha un estudio patológico para estudiar el estado del centro, que se iba a demorar algunos meses más, con la intención de licitar el septiembre de este año.

Información

El Síndic también recuerda a la Conselleria el derecho de la comunidad educativa a «participar plenamente en las decisiones que les afecten», y a obtener por parte de la administración «una información veraz y la resolución de sus asuntos de manera objetiva, imparcial y en un plazo razonable».

Por tanto, exigió a Educación que proporcione información detallada sobre el seguimiento de los trámites previos y de la ejecución de las obras a los representantes de la Comunidad Escolar cada dos meses y al Síndic, cada cuatro meses», por lo que el organismo seguirá de cerca este asunto.