09 de mayo de 2019
09.05.2019
Caso Brugal

La Audiencia liquida la testifical de 20 acusados de Brugal en dos horas al no contestar al fiscal

Anticorrupción protesta porque los magistrados de la sección VII no han permitido que consten en el acta las preguntas que querían formular

08.05.2019 | 22:17
Los fiscales Anticorrupción, Pablo Romero y Felipe Briones, en la Ciudad de la Justicia de Elche.

La sala dispensa a 32 procesados de ir a más vistas hasta las conclusiones finales.

La Fiscalía Anticorrupción protestó formalmente entre las sesiones del martes y del miércoles hasta en 32 ocasiones durante la toma de declaraciones a los acusados del caso Brugal que juzga la Sección Séptima de la Audiencia en Elche. Una por cada vez que los magistrados le impidieron siquiera que constara en el acta las preguntas a los que los investigados se iban a negar a contestar. Todos se acogieron a su derecho a no responder a preguntas del Ministerio Público y tampoco a las del tribunal, a excepción de Mónica y Jorge Lorente, quienes sí lo hicieron a los jueces. El resto, solo respondió a preguntas de sus letrados. Las declaraciones se han liquidado en tan solo un día y medio, debido precisamente a esa negativa. Doce el martes y 20 ayer. Quedan dos que se pospusieron para hoy únicamente porque uno de los acusados estaba fuera de España y el otro pidió retrasar su comparecencia.

Durante la mañana de ayer, en solo dos horas, se dio carpetazo al testimonio de 20 acusados, que se limitaron, casi en su totalidad a proclamarse inocentes y negar los hechos descritos en el escrito de acusación del Ministerio Público y de la acusación particular.

La negativa del tribunal a que la Fiscalía dejara al menos constancia de las preguntas que quería realizar a los acusados, aunque estos se negasen a declarar, creó tensión entre los dos fiscales Anticorrupción, Pablo Romero y Felipe Briones, y la sala desde el principio. De hecho, antes de comenzar el juicio ayer, la presidenta del tribunal, Gracia Serrano, quiso hacer varias puntualizaciones, entre ellas explicar el motivo de esta decisión: «La razón es muy simple. No se le pueden formular preguntas y que la sala esté viendo gestos» o reacciones que contaminen el procedimiento, ya que mermaría ese derecho a guardar silencio. Una razón que no convenció a la Fiscalía, que siguió formulando protestas a las que se adhería sistemáticamente el letrado de la acusación particular (que representa al Ayuntamiento de Orihuela), con cada uno de los acusados reacios a testificar.

Exconcejales


De los 20 investigados que prestaron ayer declaración destacaron otros dos concejales populares de Orihuela, Antonio Lidón y Ginés Sánchez. Ambos se limitaron a resaltar que en la época en la que se produjeron los hechos que se les imputan no tenían competencias en materia de contratación ni en la gestión de residuos sólidos urbanos.

La jornada de ayer también fue la última en la que los 34 acusados coincidirán en el banquillo, pues todos han pedido la dispensa para no estar en el resto de sesiones. Así, ya durante la sesión de hoy, no estarán los doce acusados que prestaron declaración el pasado martes, pues el tribunal ya les ha notificado formalmente la concesión de esta dispensa, que les fue admitida in voce tras la declaración de cada uno de ellos.

El tribunal tenía señaladas sesiones del juicio para tomar declaraciones a los acusados durante todos los martes, miércoles y jueves de mayo y se preveía reanudar en junio con la práctica de pruebas.

Sin embargo, el turno de declaraciones de los implicados terminará la próxima semana, cuando se citarán a las mercantiles que aparecen como responsables civiles subsidiarias, y que son Sistema Recogidas de Residuos, Gobancast, Valora Servicios Medioambientales (antigua Sufi) y Proambiente, esta última propiedad de la familia Fenoll.

El empresario condenado por estafa en otra pieza del caso niega que asesorara a Fenoll

El responsable de Autisa puede salir inocente por las mismas escuchas que en la sección II sirvieron para declararlo culpable
La única declaración de los acusados del Brugal que entró más allá de los síes y los noes a las preguntas de los letrados fue la del empresario Rafael Gregory, que fue condenado hace unas semanas por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial en la ya famosa sentencia que sí valida las escuchas, en contra del criterio de la Sección Séptima, que juzga el Brugal. Gregory negó cualquier relación con Ángel Fenoll, el principal acusado del Brugal, y con la UTE adjudicataria del concurso de las basuras en 2008, Orihuela Capital de la Vega Baja, más allá de la profesional como director comercial del Grupo Autisa, un conglomerado de empresas dedicadas a la venta y alquiler de automóviles.

Así, negó que asesorara a Fenoll en la constitución de empresas: «no me dedico a esas funciones, soy ingeniero industrial y mi carrera se basa en la comercialización de vehículos industriales», señaló, tras declararse inocente en la causa. Sí señaló que conocía a Fenoll porque era uno de los clientes más importantes de la empresa, pues cada año les alquilaban una veintena de camiones y se le vendían una decena de vehículos.

Gregory señaló que las relaciones en el día a día con Colsur y Proambiente, las dos empresas de Fenoll, estaban delegadas en un comercial que era quien se encargaba de las relaciones comerciales en la zona de la Vega Baja. El empresario negó que pusiera a este empleado al servicio de Fenoll para crear un entramado empresarial. Su letrado también le preguntó si conocía las empresas que se presentaban al concurso de las basuras de Orihuela, y ahí reconoció que sí, ya que «dábamos instrucciones a los comerciales de que estuvieran al tanto, no en este caso, sino en todos los concursos de ayuntamientos de la zona, ya que un adjudicatario era un potencial cliente», y añadió que otras veces eran las propias empresas quienes les contactaban para pedir presupuestos con el fin de adaptar la oferta económica que presentaban a los costes, que en materia de vehículos son muy altos.

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