La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Elche consiguió ayer una nueva prórroga, de tan solo una semana, para que María, Pedro y sus tres hijos menores puedan seguir viviendo en su casa, en el barrio de Carrús. El pasado 17 de abril ya intentaron ejecutar el desahucio, pero el colectivo consiguió frenarlo unos días. El respiro de ayer, durará tan solo hasta el viernes, cuando tendrán que abandonar definitivamente su casa.
María pedía ayer, desesperada, ayuda al Ayuntamiento de Elche. Desde hace tan solo unas semanas cobra una ayuda de inclusión social de poco más de 900 euros al mes. Un importe que subiría hasta los 1.200 si presentase un contrato de alquiler. El problema es que en todas las inmobiliarias le piden un aval bancario para proceder a la firma de ese contrato de arrendamiento, por lo que pidió ayuda a la administración local para conseguir una alternativa habitacional.
El tiempo corre en su contra, y ayer se vivieron momentos de tensión cuando más de medio centenar de personas se atrincheraron a las puertas de su edificio para evitar el desalojo, que hasta el último momento fue inminente. Hasta el cerrajero se desplazó a la casa para cambiar la cerradura una vez el banco ejecutara el desahucio. Finalmente las negociaciones llegaron a buen puerto. Un alivio que no aminora todo el «sentimiento de agobio y desesperación que llegas a sentir. No se puede explicar, hay que vivirlo», lamenta la afectada.
María añadió ayer que «nadie nos quiere alquilar la casa, pese a que tenemos esos ingresos garantizados durante tres años», y también denunció que «el ser de etnia gitana, nos perjudica».
Desde la PAH lamentaron que la Oficina de Vivienda haya retrasado tanto la gestión de una solución para esta familia, y exigieron al Consistorio más celeridad a la hora de tramitar soluciones, sobre todo en los casos que, como este, afectan a varios menores.
