Tres informes de Intervención del Ayuntamiento de Elche, que ayer destapó el PP, advierten de la facturación periódica y sin contrato que realizaron distintos proveedores a varios departamentos municipales y que de manera acumulada superaron el importe legal de los 3.000 euros e, incluso, los 15.000 euros que es el máximo establecido para los contratos menores, que por ley pueden adjudicarse «a dedo» emitiendo facturas. Si bien, el ejecutivo local, a través de juntas de gobierno posteriores, levantó los reparos de Intervención y siguió adelante con la tramitación.
En total, en esos tres informes aparecen 174 facturas que ascienden a 154.000 euros, tal y como ayer denunció públicamente el Partido Popular, a las que la funcionaria de empleo puso reparos por haberse omitido «trámites esenciales» como es haber aprobado el correspondiente expediente de Contratación. Las facturas a las que la interventora municipal hace referencia salieron de concejalías como las de Vía Pública, Deportes, Promoción Económica y Comunicación y Cultura, entre otras, y fueron expedidas entre octubre y diciembre del pasado año.
Es más, según consta en los informes de Intervención, la funcionaria advirtió de forma reiterada a los responsables correspondientes, tanto verbalmente, como por escrito, indicándoles que se debe elaborar un pliego técnico para tramitar dichas compras y servicios por la formalización de un contrato.
En esta línea, la interventora citó en su informe directamente a la ley de Contratos del Sector Público, que dice que «no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponden».
Tirón de orejas
Intervención también apuntó a que «la no planificación del departamento no es excusa para fraccionar el contrato objeto de la actividad y eludir las normas de contratación», al tiempo que volvió a citar un extracto de la ley con el que defiende ajustarse al principio de libertad de acceso a los licitadores, publicidad y transparencia de los procedimientos.
Advirtió en este sentido que el sistema para tramitar este tipo de gastos debe ser excepcional y no utilizarse para evitar el correspondiente procedimiento de contratación, por lo que apuntó a la necesidad de que los departamentos municipales tengan que planificar con antelación los servicios. Si bien en esos tres informes Intervención aclaró que el Ayuntamiento contaba con la consignación presupuestaria para hacer frente a los pagos.
Como ejemplo, los departamentos de Vía Pública y de Instalaciones Municipales presentaron facturas de material de ferretería y de construcción sin haber formalizado contrato y con una facturación anual que ascendió a los 18.000 euros y 25.133 respectivamente, tal y como refleja el informe de la interventora.
Retransmisiones en directo
En los tres informes pone el foco en las facturas emitidas por el Ayuntamiento para pagar el servicio de retransmisiones de actos en directo por Facebook. En un caso, a petición de la Concejalía de Promoción Económica y Comunicación por un importe de 1.936 euros, pero acumulando hasta diciembre un importe superior a los 15.000 euros. En otro caso también hace referencia a la misma empresa contratada por Deportes y Comunicación Ciudadana por importe de 2.855 euros, pero acumulando una cantidad superior a los 12.000 euros. Y en el tercero de los casos cifra en 1.089 las facturas presentadas por la misma empresa a Promoción Económica, pero acumulando 12.000 euros.
Por otra parte, la interventora cita las facturas que superaron los 5.700 euros de Bienestar Social para impartir cursos en los centros juveniles sin tramitar contrato para ello. Las actividades del área de Cultura tampoco se libran de los reparos de Intervención, tal y como destapó el PP hace meses. La funcionaria afeó en su informe que las facturas realizadas por servicios de montaje y sonido, que superaron los 3.000 euros y se realizaron sin tramitar el contrato, debían haberse gestionado con su contrato correspondiente.
Entre otras, aparecen en los informes de Intervención, además, las facturas tramitadas habitualmente por el departamento de Telecomunicaciones para suministro de material; las de Deportes para el mantenimiento de piscinas y pintura; facturas para pagar piezas del parque móvil, el vestuario municipal y diferentes juegos infantiles.
El PP estudia medidas legales ante las irregularidades
El portavoz adjunto, Vicente Granero, compara el caso con el fraccionamiento que le costó la Alcaldía a Echávarri
El Partido Popular, que denunció ayer públicamente los reparos de la interventora municipal, estudia ya emprender acciones legales ante un presunto caso de fraccionamiento de contratos. Su portavoz adjunto, Vicente Granero, calificó ayer de «irregularidades dignas de denunciar» lo destapado por Intervención.
El edil popular apuntó, además, que ya han reclamado al ejecutivo local los expedientes de la mayoría de esas facturas y que las van a estudiar «porque alertamos de un posible fraccionamiento de contratos. Es decir, puede que se estén haciendo facturas pequeñas, para evitar hacer un contrato público. Pero esto no lo decimos nosotros, lo dice la interventora municipal», advirtió Granero.
Ante esta situación, el PP comparó ayer lo ocurrido en Elche con el caso de fraccionamiento de contratos que le costó la Alcaldía de Alicante al socialista Gabriel Echávarri. En ese extremo, al regidor alicantino lo llegó a procesar la Audiencia de Alicante.
No es la primera vez que los populares critican la forma de tramitar pagos desde el tripartito de Elche. Hace unas semanas, el PP también hizo públicos los reparos de Intervención a 22 facturas de Cultura por saltarse el procedimiento. Denunciaron irregularidades en los pagos realizados por el Ayuntamiento para el alquiler de sillas. Entonces, la edil del área, Patricia Macià, defendió que las facturas con importes menores de 3.000 euros se justificaron con informes técnicos municipales, porque se estaban redactando los pliegos de condiciones.
El ejecutivo local guarda silencio
El equipo de gobierno guardó ayer silencio tras la denuncia pública del PP sobre el presunto fraccionamiento de contratos y no dio explicaciones. También rehusó a hacer declaraciones a este diario, pese a haber contactado con su gabinete.
